El consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, José Mari Aierdi, ha relatado este miércoles en el Parlamento foral que conoció por primera vez al administrador de Servinabar, Antxon Alonso, en 2018, cuando él ejercía como gerente de Nasuvinsa y Alonso le trasladó su interés “en la compra o alquiler de los terrenos que había entre Lumbier y Sangüesa” con la idea de “ubicar allí el espacio logístico ligado a Mina Muga”.
Según ha expuesto, a raíz de aquella iniciativa “hubo una solicitud por su parte en este sentido para llevar adelante esta cuestión, y desde Nasuvinsa se le establecieron las condiciones que podrían contemplar una opción de esas características, pero que finalmente no se materializaron. Si no recuerdo mal, se le envió una propuesta de precios de alquiler, etc., que no contestó y que, por lo tanto, no llevó a ningún sitio”, ha señalado durante su comparecencia en la comisión de investigación sobre adjudicación pública.
Posteriormente, ya como consejero, Aierdi ha indicado que mantuvo dos encuentros con Alonso vinculados al desarrollo de Mina Muga, “en las que analizábamos la conveniencia de impulsar, acelerar los procesos de desarrollo de políticas de vivienda y de desarrollo industrial en el ámbito de Sangüesa en función de cómo iba el desarrollo del proyecto de Mina Muga”. Ha añadido que, en esas fechas, Alonso “ya se manifestaba como Servinabar, pero en una relación con Acciona, como ejecutantes de una parte de las obras previstas en el caso de Mina Muga”.
En su intervención ha defendido que, ante un proyecto que podía generar numerosos puestos de trabajo en Sangüesa, el Consistorio debía anticipar la ordenación del suelo residencial e industrial. En este sentido, ha remarcado que “un ayuntamiento como Sangüesa en el que se va a desarrollar un proyecto que va a generar un número importante de empleos debe tener la capacidad de planificar el suelo necesario para atender esa demanda de viviendas y debe planificar también las posibilidades que tiene de desarrollo industrial”. De ahí que “el Ayuntamiento de Sangüesa se dirigía al departamento competente en esta materia porque la sociedad pública Nasuvinsa dependía de mi departamento”, ha recordado.
Dentro de ese marco, ha explicado que mantuvo “bastantes reuniones con el señor Ignacio Salazar -consejero delegado de Geoalcali-, que era responsable gerente de Mina Muga, y en dos ocasiones con el señor Antxon Alonso porque queríamos saber si el proyecto, por parte de los socios, tenía visos de realidad o únicamente pretendía un pelotazo financiero y no había detrás un desarrollo industrial”.
Gestiones en Sangüesa y dudas sobre Mina Muga
Respecto a la situación en Sangüesa, Aierdi ha comentado que “en aquel tiempo mantenía reuniones periódicas con los responsables del Ayuntamiento de Sangüesa, a la vista del procedimiento que estaba siguiendo”. Según ha dicho, el Consistorio valoraba “el impacto que podría tener el desarrollo de un proyecto de esas características, el empleo que se iba a generar, el movimiento que podía haber y, lógicamente, el Ayuntamiento nos traslada al departamento la necesidad de que se impulsen esas infraestructuras que pudieran atender esa demanda”.
Preguntado por los motivos de sus reuniones con Alonso, el consejero ha explicado que “en ese tiempo tengo la demanda del Ayuntamiento de Sangüesa y tengo la información que me transmite el gerente de Mina Muga, el señor Salazar, que me indica que las actuaciones van a ser inmediatas”. No obstante, ha precisado que “de la información que obtengo de las dos reuniones con Antxon Alonso es todo lo contrario”. Según su relato, “lo que me dice es que, desde su punto de vista, no hay ninguna intención por los entonces accionistas de llevar adelante el proyecto y que simplemente están tratando de obtener las autorizaciones oportunas para vender a un tercero, que sería el industrial, que desarrollaría el proyecto”, por lo que él necesitaba “una información fiable para saber cuándo podemos intervenir”.
Aierdi ha insistido en que “entendíamos que era un proyecto interesante para la zona”. La clave, ha apuntado, pasaba por aclarar “si quienes eran responsables en ese momento de Mina Muga tenían intención real de acometer las inversiones; si se iban a acometer en un plazo corto teníamos que planificar intervenciones en materia de infraestructura o, si por el contrario, era simplemente un procedimiento que seguían los titulares de esa sociedad para conseguir las autorizaciones y vender a un tercero la propia ejecución de la mina, el desarrollo industrial, en cuyo caso los plazos cambiaban sustancialmente”.
Interpelado por el portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, sobre si el proyecto Mina Muga resultaba entonces artificial, el consejero ha respondido que “vemos que quienes dirigían este proyecto en ese momento no tenían en el corto plazo una previsión de intervención”. En consecuencia, ha detallado que “por eso lo único que hacemos en relación con Sangüesa es un desarrollo residencial de recuperación de viviendas de Camineros, un desarrollo de nueva construcción de 12-14 viviendas e iniciamos el proceso de modificación del PSIS, del polígono industrial del concejo que está pegado a Sangüesa”.
En cuanto a la adjudicación de las 62 VPO de Erripagaña a la UTE Acciona-Servinabar, Aierdi ha sido tajante al afirmar que no mantuvo “ninguna” reunión con Alonso sobre este asunto. “En relación con este expediente, no he estado con nadie de Acciona ni Servinabar”, ha remarcado ante los grupos.
Reunión por el proyecto de Forestalia
El consejero ha añadido, a preguntas del parlamentario de Contigo-Zurekin Miguel Garrido, que hubo una cuarta reunión, en este caso promovida por Forestalia, en la que participaron Antxon Alonso, el anterior vicepresidente primero del Gobierno, el propio Aierdi como consejero, así como el presidente del grupo, Fernando Samper, y otros miembros de su equipo. En esa cita, ha dicho, “trasladamos la posición que habíamos expresado en repetidas ocasiones por parte del Gobierno de Navarra, que es la oposición a ese proyecto”.
Ha recordado que “inicialmente, todos los informes ambientales que realiza el Departamento de Medio Ambiente en la legislatura anterior a que yo me incorpore al departamento fueron desfavorables a las peticiones de información por parte del Ministerio”, y ha añadido que “en la legislatura en la que yo entro como responsable del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente expresamos una reclamación previa desde el departamento de oposición a ese proyecto de Forestalia”.
Según ha concluido, “como no se contesta por parte del Ministerio, presentamos un acuerdo de gobierno, al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, oponiéndonos al proyecto de Forestalia por Navarra”.