La líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha expresado su satisfacción por el pacto cerrado este jueves con el Govern para sacar adelante los Presupuestos 2026 de la Generalitat, aunque ha remarcado que será el Ejecutivo quien deba aplicarlo: “Estaremos atentos”.
En una comparecencia tras la firma junto al presidente Salvador Illa en el Palau de la Generalitat, Albiach ha explicado que la negociación se ha llevado a cabo con “mucha ambición” por parte de su formación y ha subrayado que, si finalmente el Govern cierra también un acuerdo con ERC para aprobar las cuentas, recaerá en el Ejecutivo la obligación de respetar lo pactado.
Ha detallado que el eje central de las conversaciones ha sido la limitación de las compras especulativas de vivienda y ha defendido que han logrado su propósito: “Con nuestra proposición de ley, en Cataluña nadie podrá comprar para especular”, ha afirmado, mencionando además los compromisos alcanzados en ámbitos como Rodalies, sanidad y educación.
“Hoy es un día histórico porque Cataluña se convierte en la primera comunidad autónoma en la que ponemos las bases, damos las herramientas, ponemos las bases para poder prohibir las compras especulativas a través de los ayuntamientos”, ha destacado.
Limitación de las compras especulativas
La restricción a las operaciones especulativas se articulará mediante una reforma de la ley de urbanismo que el Govern y los Comuns quieren tramitar por lectura única, con la intención de que pueda entrar en vigor “antes de verano”. Sobre la posibilidad de que PP o Junts recurran el texto ante el Consell de Garanties Estatutàries (CGE), Albiach ha señalado que el calendario legislativo ya contempla ese escenario.
La modificación legal facultará a los ayuntamientos catalanes para aprobar planes especiales de urbanismo que limiten la adquisición de vivienda a personas físicas cuyo objetivo sea residir en ella, con determinadas excepciones, y se aplicará en áreas declaradas como zonas de mercado tensionado.
Albiach ha recordado que la Constitución impide vetar de forma absoluta la compra de vivienda, por lo que han optado por “condicionar” el uso del inmueble, una fórmula que ha calificado de histórica.
En el caso de las herencias, se mantendrán, pero la vivienda heredada deberá destinarse a residencia habitual propia o de familiares hasta segundo grado, o bien incorporarse al mercado del alquiler con un precio limitado.
Aplicación desde los municipios
La dirigente de los Comuns ha llamado a los consistorios, y en particular a los alcaldes de PSC, ERC, CUP y Comuns, a empezar ya a diseñar los planes urbanísticos especiales para que, una vez aprobada la reforma, puedan “inmediatamente poder tirar adelante la prohibición de las compras especulativas”.
Entre las excepciones, se contempla que los pequeños propietarios puedan adquirir hasta 4 viviendas en el municipio donde residen de forma habitual (la propuesta inicial de los Comuns fijaba el límite en una), siempre que las destinen al alquiler con el índice de precios topado o a vivienda de familiares hasta segundo grado (padres, hijos, hermanos, abuelos y nietos).
Por el contrario, los grandes tenedores no podrán comprar pisos sueltos, sino únicamente edificios completos, con la obligación de que todos los inmuebles se destinen a uso residencial y con el alquiler limitado: “Queremos que los fondos buitre se marchen y que nos dejen tranquilos”.
Preguntada por si han hablado con Illa de que municipios gobernados por el PSC, como Barcelona, sean pioneros en aplicar la nueva regulación, ha asegurado que desde BComú están presionando al alcalde, Jaume Collboni, para que la ciudad “dé ejemplo una vez más en políticas de vivienda y sea la primera en aplicarlo”.
Otros compromisos en vivienda
Además de la regulación contra la especulación, Albiach ha explicado que se han cerrado otros acuerdos en materia de vivienda, entre ellos elevar el presupuesto anual hasta los 1.250 millones de euros (frente a los 750 del último presupuesto aprobado en 2023): 300 millones para compra de vivienda, 300 para ayudas al alquiler y 150 para rehabilitación, entre otras partidas.
Estos recursos propios se sumarán a las líneas del Institut Català de Finances (ICF) destinadas a vivienda y a la ampliación del Pla de Barris, que duplicará su dotación y su alcance hasta cubrir 40 barrios al año y movilizar 400 millones de euros por ejercicio.
Movilidad y otras políticas
En el capítulo de movilidad, Albiach ha resaltado el pacto para que la Generalitat invierta en la red de Rodalies mediante encomiendas de gestión, junto con un plan de refuerzo de la red de autobuses interurbanos, el mantenimiento de las bonificaciones a los títulos T-Usual y T-Jove y la aceleración del traspaso de líneas como la R2Sud, R3, R4Nord y R16.
También se ha atendido la demanda de reforzar las políticas de memoria democrática, que dispondrán de un presupuesto de hasta 10 millones de euros, y se ha acordado un plan de choque contra el sinhogarismo dotado con al menos 30 millones, además de otras actuaciones ya anunciadas en ámbitos como la educación.
Igualmente, se ha acordado “garantizar el cumplimiento” de las recomendaciones de la ONU sobre el uso del gas pimienta por parte de los Mossos d'Esquadra en manifestaciones con resistencia pasiva, así como hacer público el protocolo de uso en otros supuestos.