El Ayuntamiento de Alicante ha convocado para este jueves, a las 17.00 horas en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, un pleno extraordinario y urgente solicitado por la oposición, a raíz de la controversia generada por las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) en una promoción levantada sobre suelo municipal en Playa de San Juan.
La celebración del pleno se produce después de que el consistorio remitiera el martes este asunto a la Fiscalía para determinar si existen "irregularidades" y de que anunciara que se procederá a cruzar los datos de los adjudicatarios de las VPP con los de los empleados públicos municipales.
La crisis política estalló tras la dimisión de la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez (PP), al conocerse que figuraba entre las adjudicatarias de estas viviendas. La ya exedil explicó que renunciaba a su acta para permitir que la investigación pudiera "seguir su curso sin interferencias de ningún tipo" y "después de haber aportado toda la documentación" solicitada.
Su marcha se añade a la de María Pérez-Hickman, que dejó el cargo de directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos del Ayuntamiento tras publicarse informaciones que apuntan a que familiares suyos figuran como beneficiarios de VPP. Esas mismas noticias señalan que un arquitecto municipal también habría resultado adjudicatario.
Paralelamente, el consistorio permanece "a la espera de verificar los hechos e identidad de la funcionaria municipal cuyo cónyuge ha sido objeto de un expediente de suspensión de empleo y sueldo" por parte de la Generalitat, al haberse detectado supuestamente omisiones de datos relevantes sobre la unidad de convivencia de la que formaba parte. El Ayuntamiento analiza si procede aplicar "a esta empleada del Ayuntamiento" las mismas medidas cautelares.
Desde la administración autonómica precisan que se trata de un trabajador público "que lleva muchos años en la dirección territorial" y cuyo caso ya ha sido trasladado a la Fiscalía. Según la información de la Generalitat, el funcionario es "de larga trayectoria", pues accedió "hace años" a la administración pública "y lleva desde el año 2019 ocupando este puesto".
Revisión de la normativa y reacción del gobierno local
El vicealcalde, Manuel Villar, expresó este martes la "indignación" del equipo de gobierno del PP por los hechos conocidos y sostuvo que el ejecutivo que encabeza el alcalde Luis Barcala ha reaccionado "con total contundencia", "celeridad" y "transparencia".
Desde el gobierno municipal se ha planteado la necesidad de "revisar" la normativa autonómica relativa a los procesos de adjudicación y acceso a estas viviendas protegidas, si bien insisten en que primero deberá aclararse si ha existido o no "irregularidad" en la promoción de Playa de San Juan.
Expedientes bajo la lupa y posibles delitos
En paralelo, la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, confirmó este miércoles que se ha detectado que "falta información" en algunos expedientes de la promoción de VPP en Les Naus que se están revisando de oficio. Añadió que, si se constata la existencia de irregularidades en las adjudicaciones, se remitirá el caso a la Fiscalía para que la ley actúe "caiga quien caiga" en caso de haberse cometido delitos.
Camarero rehusó concretar cuántos expedientes presentan incidencias para "no alarmar", al considerar necesario esperar a comprobar si la documentación adicional solicitada, como los ingresos o propiedades del otro cónyuge en regímenes de separación de bienes, es "correcta". Evitó pronunciarse sobre las dimisiones de la concejala y de la directora general, aunque subrayó que "van a llegar hasta el final".
La consellera detalló además que únicamente se ha registrado un propietario de VPP que ha pedido autorización a la Conselleria para vender la vivienda y otros tres que han solicitado permiso para alquilarla, trámites ambos obligatorios. En relación con las operaciones de venta, avanzó que la Generalitat ejercerá el derecho de retracto para que "no haya posibilidad de que se especule con una vivienda de protección pública".
En este contexto, este martes se conoció que el Servicio de Gestión Patrimonial del Ayuntamiento de Alicante constató que "algunos beneficiarios" de las adjudicaciones de VPP "mantenían relaciones de parentesco u otro vínculo con empleados o cargos" municipales "que pudieron participar en fases relevantes del expediente de enajenación" de la parcela municipal donde se construyeron los inmuebles.
Denuncias de PSPV y Sumar ante la Fiscalía
En el plano político, el PSPV presentó el pasado lunes en Fiscalía una denuncia "tras detectar la presunta comisión de hasta cinco delitos vinculados a la construcción y adjudicación de viviendas sobre una parcela municipal", en lo que ha bautizado como "escándalo del reparto de pisos que salpica de lleno a la gestión de Luis Barcala".
Para los socialistas, "los hechos ocurridos bajo el mandato de Barcala podrían ser constitutivos de presuntos delitos de prevaricación administrativa, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y conflicto de intereses, estafa, fraude a la administración y fraude de ley con relevancia penal".
Asimismo, Moviment Sumar País Valencià registró el pasado viernes otra denuncia ante la Fiscalía para "poner en conocimiento del Ministerio Fiscal hechos que podrían ser constitutivos de delitos contra la administración pública, relacionados con la adjudicación" de VPP.
Entre otras peticiones, esta formación reclama en su escrito "esclarecer" si el procedimiento "se desarrolló conforme a los principios de igualdad y transparencia" y si existió "trato preferente".
Un pleno con dos puntos clave en el orden del día
El pleno que el Ayuntamiento de Alicante prevé celebrar este jueves incluye dos puntos en el orden del día. El primero responde a la solicitud de ocho concejales de los grupos socialista, Compromís y EU-Podem para que comparezca el alcalde Luis Barcala con el objetivo de "dar cuenta al pleno del Ayuntamiento de su actuación en relación con la enajenación de la parcela de suelo urbano" sobre la que se construyeron las VPP adjudicadas a la cooperativa Residencial Les Naus, así como para ofrecer "respuesta" a "las cuestiones formuladas en el escrito presentado".
El segundo punto es una moción conjunta de PSPV, Compromís y EU-Podem "por la que se acuerda la creación de una comisión no permanente o específica del pleno para evaluar los procedimientos seguidos y las garantías de imparcialidad en las promociones de vivienda pública sobre suelo municipal que, o bien se hayan licitado, o bien se vayan a licitar, por el Ayuntamiento o en el proceso del Plan Vive de la Generalitat Valenciana".