Así queda el mapa de zonas tensionadas en España

El conjunto de municipios que han declarado sus territorios como zona tensionada ha sumado un nuevo punto en el mapa. A Coruña, después de la autorización de la Xunta de Galicia, se ha unido a la lista de consistorios que, en aplicación de la Ley de Vivienda, pueden tomar medidas de control del mercado de alquiler para suavizar los desequilibrios en esa área.

Además, este mismo mes, Navarra también declaró oficialmente 21 municipios. Entre estos, que abarcan casi el 70% de la población de la Comunidad Foral, están Pamplona, Iruña o Tudela. El gobierno autonómico justificó en su momento la decisión porque consideran que en Cataluña se está consiguiendo frenar la escalada de los precios del alquiler.

En marzo de 2024, Cataluña fue la primera comunidad autónoma que se acogió a esta medida recogida en la Ley Nacional. Ahora mismo, en la comunidad gobernada por el socialista Salvador Illa, hay 271 municipios bajo la declaración de zona tensionada.

Por su parte, Asturias se encuentra en fase de tramitación y estudio de esta declaración. La Consejería de Ordenación de Territorio prevé declarar 16 zonas tensionadas en los concejos de Gijón, Avilés, Langrero o Llanes.

Para que un municipio solicite la declaración es necesario que en ese territorio las personas o familias dediquen más del 30% de sus ingresos a pagar el alquiler o la hipoteca, incluidos los gastos y suministros básicos. El otro requisito es que el precio de alquiler o de compra de las viviendas haya experimentado en los últimos 5 años un incremento acumulado de al menos tres puntos por encima del IPC.

Una vez declarada la zona como tensionada, el alquiler de los nuevos contratos no podrá superar el precio del último contrato vigente los últimos cinco años una vez aplicada la cláusula anual de actualización de ese contrato. Además, cuando el propietario sea un gran tenedor, el alquiler no podrá superar el índice de referencia del precio de alquiler.

A través de esto lo que se persigue es «orientar las actuaciones públicas en materia de vivienda en aquellos ámbitos territoriales en los que exista un especial riesgo de oferta insuficiente de vivienda para la población, en condiciones que la hagan asequible para su acceso en el mercado”, sostiene el Ministerio de Vivienda.

Las declaraciones de zonas tensionadas cuentan con una validez de tres años que puede ser prorrogable anualmente si las circunstancias que impulsaron la declaración siguen dándose.

¿Cómo se declaran estas zonas?

Es competencia de las propias comunidades autónomas el aplicar o no la Ley de Vivienda y estipular una zona como mercado residencial tensionado. La Ley de Vivienda apunta a que deben ser las administraciones competentes en materia de vivienda las que las declaren, de acuerdo con los criterios establecidos y en el ámbito de sus competencias.

Se estipula la necesidad de que la declaración cumpla con algunas formalidades. Antes de su presentación se debe abrir un procedimiento preparatorio para recabar información y datos que expliquen la situación real del mercado residencial en la zona concreta. En ese análisis, se introducirán los indicadores de los precios en alquiler y venta de distintos tipos de residencias, así como su evolución.

Junto con esto se elabora un trámite de información en el que hacer pública toda aquella información sobre la que se justifica la declaración de la zona, además de la redacción de una memoria donde se recoja el cumplimiento de los requisitos. Con todo, se solicita a las administraciones que preparen planes específicos con las medidas que traten de solucionar los desequilibrios.

En términos de procedimientos, serán los gobiernos locales y municipales los que lideren el trámite de solicitud. En A Coruña, fue el portavoz de la alcaldía quien mediante una misiva instó al gobierno autonómico comenzar los estudios. Una vez la Xunta aprobó la solicitud, el Ayuntamiento cuenta con dos meses para aprobar su plan específico y su calendario de aplicación. Cuando todo esté a punto, la documentación tendrá que ser remitida al Ministerio de Vivienda, que publicará la declaración de zona tensionada en el Boletín Oficial del Estado.