El Gobierno confía en que el nuevo sistema de financiación autonómica pueda estar operativo el próximo año y ha adelantado que, antes de su aprobación definitiva en Consejo de Ministros y su envío al Congreso, celebrará reuniones bilaterales con cada comunidad autónoma para cerrar los detalles técnicos del modelo.
“Nosotros esperamos que el proceso sea lo suficientemente ágil como para que el modelo pueda entrar en vigor el año que viene”, ha señalado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una rueda de prensa en la que ha desgranado la propuesta del Ejecutivo para esta reforma.
Hacienda ha convocado para este miércoles 14 de enero una sesión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en la que el Ministerio explicará a los gobiernos autonómicos las líneas maestras del nuevo esquema de financiación regional.
Tras ese encuentro, en el que Montero pretende debatir y tratar de alcanzar acuerdos con las comunidades sobre el diseño del sistema, el departamento de Hacienda iniciará una ronda de reuniones bilaterales de carácter técnico con cada Ejecutivo autonómico para profundizar en el desglose de todos los elementos del modelo.
“En estas reuniones bilaterales podremos mantener reuniones técnicas que permitan que las comunidades autónomas nos sugieran mejoras o beneficios que entiendan que se puedan incorporar al conjunto del modelo”, ha indicado la titular de Hacienda, abriendo la puerta a ajustes sobre la propuesta inicial del Gobierno.
La ministra ha subrayado que en etapas anteriores ya se evidenció que existen diferencias notables entre comunidades incluso cuando comparten siglas políticas, por lo que ha pedido al Partido Popular que fije una “posición única” sobre la financiación. “Lo que no me vale es que el señor Mañueco ponga una propuesta que es contradictoria con la del señor Moreno Bonilla”, ha criticado.
A su juicio, resultaría “difícil” que los grupos parlamentarios, y en particular el PP, se opusieran a la reforma, recordando que en torno al 70% de los recursos adicionales que incorpora el sistema se dirigirán a comunidades gobernadas por los populares.
En cualquier caso, Montero ha insistido en que, si al Partido Popular no le convence el modelo diseñado por el Ejecutivo, el Gobierno está dispuesto a estudiar y debatir cualquier alternativa que esta formación presente formalmente.
Respecto a Junts y a su exigencia de un “cupo catalán”, la ministra ha defendido que la propuesta que se pone sobre la mesa “avanza mucho en muchas aspiraciones de autogobierno y de mayores recursos” reclamadas por el grupo independentista.
Una vez concluido el diálogo con las comunidades autónomas, el Ejecutivo someterá a audiencia pública el proyecto de ley orgánica que recogerá la reforma. Posteriormente, el texto volverá al Consejo de Ministros para una segunda aprobación y, a continuación, será remitido al Congreso de los Diputados, donde el Gobierno aspira a lograr una mayoría favorable.
Montero ha precisado que todas estas medidas deberán quedar recogidas en una ley orgánica, es decir, en un articulado concreto que sustituya al marco actual de financiación autonómica. De acuerdo con las estimaciones del Ministerio, la redacción de este texto podría completarse en un plazo aproximado de dos meses.