El Ejecutivo central confía en que el renovado sistema de financiación autonómica pueda estar operativo el próximo año y ha adelantado que, antes de su aprobación en Consejo de Ministros y su posterior envío al Congreso, celebrará una ronda de encuentros bilaterales con cada comunidad autónoma para cerrar los detalles del modelo.
“Nosotros esperamos que el proceso sea lo suficientemente ágil como para que el modelo pueda entrar en vigor el año que viene”, ha señalado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en rueda de prensa para explicar la propuesta del Ejecutivo para esta reforma.
Hacienda ha convocado para este próximo miércoles, 14 de enero, una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) con el fin de trasladar a los gobiernos autonómicos las líneas maestras de su planteamiento sobre el nuevo sistema de financiación regional.
Tras ese CPFF, en el que Montero pretende debatir y tratar de alcanzar un consenso con las comunidades sobre el esquema general, el Ministerio de Hacienda abrirá una segunda fase de reuniones bilaterales de carácter técnico con cada Ejecutivo autonómico, con el objetivo de analizar en detalle el reparto y la configuración del modelo.
“En estas reuniones bilaterales podremos mantener reuniones técnicas que permitan que las comunidades autónomas nos sugieran mejoras o beneficios que entiendan que se puedan incorporar al conjunto del modelo”, ha indicado la titular de Hacienda.
La ministra ha subrayado que, en procesos anteriores, ya se evidenció la existencia de posturas divergentes entre comunidades autónomas gobernadas por el mismo partido, por lo que ha pedido al Partido Popular que fije una “posición única” sobre esta cuestión. “Lo que no me vale es que el señor Mañueco ponga una propuesta que es contradictoria con la del señor Moreno Bonilla”, ha criticado la ministra.
A su juicio, resultaría “difícil” que los grupos parlamentarios, y en particular el Partido Popular, rechacen el modelo, dado que, según ha remarcado, el 70% de los nuevos recursos que incorpora el sistema se destinarán a comunidades en manos del PP.
En todo caso, Montero ha insistido en que, si al Partido Popular no le convence la arquitectura diseñada por el Gobierno, el Ejecutivo está dispuesto a estudiar y debatir cualquier alternativa concreta que los populares presenten formalmente.
Respecto a Junts y a su exigencia de un “cupo catalán”, la ministra ha defendido que la reforma que se pone sobre la mesa “avanza mucho en muchas aspiraciones de autogobierno y de mayores recursos” reclamadas por el grupo independentista.
Una vez concluyan las reuniones con las comunidades, el Gobierno someterá el texto de la ley orgánica a trámite de audiencia pública y, posteriormente, lo llevará de nuevo al Consejo de Ministros para una segunda aprobación antes de remitirlo al Congreso de los Diputados, donde el Ejecutivo confía en recabar el respaldo necesario.
Montero ha precisado que todos estos acuerdos deberán recogerse en una ley orgánica, es decir, en un articulado completo que sustituya al actual marco de financiación autonómica. De acuerdo con las estimaciones del Ministerio, la redacción de esa ley orgánica podría estar finalizada en un plazo aproximado de dos meses.