QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Consejo de Ministros ha dado este martes un nuevo paso al aprobar en segunda vuelta el anteproyecto de ley orgánica que permitirá la condonación parcial de la deuda de las comunidades autónomas, mediante la asunción por parte del Estado de 83.252 millones de euros, aproximadamente una cuarta parte del pasivo de las regiones de régimen común.
Así lo ha expuesto la ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, donde ha precisado que el Ejecutivo central ha validado en segunda vuelta este texto normativo.
Según ha remarcado Alegría, la iniciativa se dirige a todas las comunidades autónomas que decidan acogerse al mecanismo y persigue, por un lado, aliviar el sobreendeudamiento generado tras la crisis financiera de 2010-2013 y, por otro, reforzar su posición «a la hora de salir a los mercados», algo que ha calificado de «fundamental».
Los cálculos del Gobierno apuntan a que los ejecutivos autonómicos podrían lograr un ahorro de hasta 6.700 millones de euros en el pago de intereses, recursos que, a partir de ahora, se podrían destinar a fortalecer políticas públicas como la sanidad, la educación o la atención a la dependencia.
La ministra también ha puesto en valor que, en los últimos siete años de la actual etapa de gobierno, las comunidades autónomas han recibido del Estado más de 300.000 millones de euros adicionales respecto a los fondos transferidos durante los siete años del anterior Ejecutivo del PP.
Andalucía y Cataluña concentran el mayor volumen de quita
En términos absolutos, Andalucía y Cataluña figuran como las comunidades que más se beneficiarían de la operación, seguidas por la Comunidad Valenciana, con 11.210 millones; Madrid, con 8.644 millones; Castilla-La Mancha, con 4.927 millones; Galicia, con 4.010 millones; Castilla y León, con 3.643 millones; Murcia, con 3.318 millones; Canarias, con 3.259 millones; Aragón, con 2.124 millones; Baleares, con 1.741 millones; Extremadura, con 1.718 millones; Asturias, con 1.508 millones; Cantabria, con 809 millones, y La Rioja, con 448 millones.
En este esquema no se incluyen Euskadi y Navarra, al quedar fuera del sistema de régimen común. No obstante, ambas comunidades han manifestado ya su intención de aprovechar la medida mediante fórmulas de compensación equivalentes dentro de sus regímenes forales.
Pese a la oposición expresada por el PP a esta quita, en el Ejecutivo consideran que las autonomías gobernadas por los ‘populares’ acabarán sumándose al mecanismo.
La hoja de ruta del Gobierno pasa por remitir el proyecto de ley al Congreso «antes de que acabe el año» y lograr su aprobación «definitivamente» durante el primer trimestre de 2026.
El Ministerio de Hacienda aún no tiene garantizados todos los apoyos necesarios para superar el trámite parlamentario, ya que algunos socios, como Junts, han manifestado reservas al criticar que la condonación se extienda a todas las comunidades.
Una vez que la norma quede aprobada, el Ejecutivo prevé habilitar un plazo «suficientemente amplio» para que las CCAA que lo deseen puedan adherirse a la condonación. Ese margen temporal es clave para que el Estado pueda programar la nueva deuda que asumirá, determinando su naturaleza y los calendarios de devolución.
Tres fases para calcular la condonación
El diseño de la distribución de la quita se articula en tres etapas. En la primera, se ha medido la diferencia entre el endeudamiento de las CCAA al cierre de 2009 y el de 2013, y se ha comparado con la variación registrada entre finales de 2019 y de 2023. Este primer cálculo arroja una condonación media del 19% de la deuda autonómica total vigente al cierre de 2023.
La segunda fase introduce una condonación adicional para aquellas comunidades que se sitúan por debajo de la media del 19,3% de deuda condonada sobre el conjunto. «Intentamos corregir ese sentimiento de agravio que pueden tener las comunidades autónomas cuando se comparan con lo que ocurre con el resto de los territorios», ha aclarado Montero.
En la tercera y última fase, Hacienda ha incorporado dos ajustes para «mayor equidad». «En primer lugar, identificar a la comunidad autónoma que registra una mayor condonación por habitante ajustado. En este caso, es la Comunidad Valenciana, que tendría 2.284 euros por habitante ajustado y, por tanto, es la cifra de referencia».
Posteriormente, se eleva la condonación de la deuda hasta alcanzar ese mismo importe en aquellas CCAA que hayan tenido una financiación homogénea por habitante ajustado inferior a la media entre 2010 y 2022.
El último elemento consiste en asignar una condonación adicional a las comunidades que han utilizado al alza sus competencias normativas en el IRPF entre 2010 y 2022. Las que hayan ejercido esta capacidad por encima de la media podrán optar a una condonación extra del 10%, mientras que será del 5% para las que se sitúen por debajo.
