El Consejo de Ministros ha dado este martes un nuevo paso al aprobar en segunda vuelta el anteproyecto de ley orgánica que permitirá la condonación parcial de la deuda de las comunidades autónomas, mediante la asunción por parte del Estado de 83.252 millones de euros, aproximadamente una cuarta parte del endeudamiento de las regiones de régimen común.
Así lo ha expuesto la ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en la comparecencia posterior a la reunión del Ejecutivo, donde ha precisado que se trata de la segunda aprobación de esta iniciativa legislativa.
Según ha subrayado Alegría, la medida estará disponible para todas las comunidades autónomas que decidan acogerse a ella y persigue, por un lado, aliviar el sobreendeudamiento originado tras la crisis financiera de 2010-2013 y, por otro, mejorar su posición “a la hora de salir a los mercados”, algo que ha tildado de “fundamental”.
Los cálculos del Gobierno apuntan a que los ejecutivos regionales podrían ahorrarse hasta 6.700 millones de euros en el pago de intereses, recursos que a partir de ahora podrán destinarse a reforzar políticas sociales como la sanidad, la educación o la dependencia.
La ministra también ha recordado que, en los últimos siete años de legislatura, las comunidades han recibido del Estado más de 300.000 millones de euros adicionales respecto a los fondos que obtuvieron durante los siete años del anterior gobierno del PP.
Andalucía y Cataluña concentran el mayor volumen condonado
En términos absolutos, Andalucía (18.791 millones) y Cataluña (17.104 millones) serán las autonomías con mayor volumen de deuda condonada, seguidas por la Comunidad Valenciana (11.210 millones); Madrid (8.644 millones); Castilla-La Mancha (4.927 millones); Galicia (4.010 millones); Castilla y León (3.643 millones); Murcia (3.318 millones); Canarias (3.259 millones); Aragón (2.124 millones); Baleares (1.741 millones); Extremadura (1.718 millones); Asturias (1.508 millones); Cantabria (809 millones) y La Rioja (448 millones).
En este esquema quedan fuera Euskadi y Navarra, al no formar parte del sistema de régimen común. No obstante, ambas han expresado ya su intención de aprovechar la iniciativa reclamando una compensación equivalente a través de sus respectivos regímenes forales.
Pese a la oposición pública del PP a la quita, el Ejecutivo viene anticipando en las últimas semanas que las comunidades gobernadas por los ‘populares’ acabarán sumándose al mecanismo.
El anteproyecto de ley ha sido remitido ya al Congreso de los Diputados para iniciar su tramitación parlamentaria, con la previsión de que la norma quede definitivamente aprobada a lo largo del primer trimestre de 2026.
El Ministerio de Hacienda aún no cuenta con todos los apoyos necesarios para sacar adelante la condonación, ya que algunos socios, como Junts, han expresado sus reservas al considerar que la medida se extiende a todas las comunidades.
Una vez que la ley reciba el visto bueno de las Cortes, el Gobierno prevé habilitar un plazo “suficientemente amplio” para que las autonomías que lo deseen se adhieran a la condonación, de forma que el Estado pueda planificar la nueva deuda que asumirá, identificando su naturaleza y los calendarios de amortización.
Tres etapas para fijar el reparto
La metodología diseñada por Hacienda para calcular el reparto se articula en tres fases. En la primera se ha medido la diferencia entre el endeudamiento de las comunidades al cierre de 2009 y el de 2013, y se ha comparado con la variación registrada entre finales de 2019 y de 2023. De este análisis resulta una condonación media del 19% sobre el total de la deuda autonómica viva a finales de 2023.
En la segunda etapa se fija una condonación adicional para todas las autonomías que queden por debajo de la media del 19,3% de deuda condonada respecto al total. “Intentamos corregir ese sentimiento de agravio que pueden tener las comunidades autónomas cuando se comparan con lo que ocurre con el resto de los territorios”, ha aclarado Montero.
En la última fase, Hacienda introduce dos ajustes para “mayor equidad”. “En primer lugar, identificar a la comunidad autónoma que registra una mayor condonación por habitante ajustado. En este caso, es la Comunidad Valenciana, que tendría 2.284 euros por habitante ajustado y, por tanto, es la cifra de referencia”.
Después, se incrementa la condonación hasta alcanzar ese mismo nivel para aquellas autonomías que hayan tenido una financiación homogénea por habitante ajustado inferior a la media entre 2010 y 2022.
El segundo ajuste consiste en atribuir una condonación adicional a las comunidades que hayan ejercido al alza sus competencias normativas en el IRPF entre 2010 y 2022. En concreto, las que hayan utilizado esta capacidad por encima de la media podrán acceder a una condonación extra del 10%, mientras que las que se sitúen por debajo optarán a un 5% adicional.
Cómo se materializará la asunción de deuda
El anteproyecto detalla también el procedimiento por el que el Estado asumirá la deuda autonómica, que variará según exista o no endeudamiento con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).
En el caso de las comunidades que sí mantienen pasivos con el FLA, el Estado absorberá la deuda mediante la cancelación o amortización de los saldos vivos de estos préstamos hasta completar el importe asignado a cada territorio. Se comenzará por los préstamos más antiguos hasta llegar a los de 2019, que podrán ser cancelados o amortizados en su totalidad.
Si, una vez cubierto ese periodo, la comunidad aún dispusiera de margen de condonación, se continuará con las cuantías de 2024 y, posteriormente, con las de 2023, 2022, 2021 y 2020, en este orden y siempre que resulte necesario.
Para las autonomías sin deuda con el FLA, se les requerirá que remitan a la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional el detalle de su cartera de deuda con acreedores privados o institucionales. Tras seleccionar las operaciones que puedan incluirse en la condonación, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) acordará que el Estado se subrogue en la posición deudora de estas comunidades, una vez obtenido el consentimiento previo de los acreedores.