El Informe de las Comunidades Autónomas ha calificado a 2024 como el año de la «frustración» debido a la incapacidad de alcanzar «grandes acuerdos» entre las administraciones, principalmente por un clima de tensión política en España, y por no concretar la anhelada reforma de la financiación autonómica. Destaca que la polarización política ha obstaculizado acuerdos previamente posibles.
Así lo comunicó Eduard Roig, director del Informe de las Comunidades Autónomas, durante la exposición de las evaluaciones preliminares del estudio, efectuada este martes en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid. Roig confirmó que 2024 ha sido un año de «menor actividad legislativa» en términos de cantidad y «contenido», en un contexto no electoral.
El documento revela una disminución en la creación de leyes, atribuida a la baja actividad en Cataluña, País Vasco y Galicia, comunidades que se caracterizan por su dinamismo legislativo y que recientemente tuvieron elecciones. Paralelamente, se observa un aumento en el uso del decreto-ley, lo cual refleja «problemas de estabilidad de las mayorías parlamentarias», según académicos.
Roig destacó que, pese a la falta de acuerdos significativos y la no discusión sobre la financiación autonómica, que lleva «nueve años» pendiente, el sistema autonómico ha mostrado una «capacidad de adaptación» frente a la «inestabilidad institucional». «2024 ha sido el año en que se ha demostrado que el estado autonómico sigue funcionando: sus capacidades de actuación y respuesta a los desafíos, los instrumentos de acción ordinaria… El funcionamiento de los servicios públicos, la cooperación, el impulso a las infraestructuras, los traspasos han funcionado de forma remarcablemente eficaz», señaló.
Aunque las relaciones entre el Gobierno y las comunidades autónomas han estado marcadas por la «tensión política» y el «enfrentamiento entre partidos», el sistema de cooperación ha logrado mantenerse. «Las relaciones bilaterales permiten escapar de esta dinámica y expresar prioridades distintas y hasta divergentes de la posición general del propio partido (…) en beneficio de alcanzar acuerdos», sostiene el informe.
En estas relaciones también se percibe la «radicalización de los conflictos», como lo demuestra la interacción entre el Ejecutivo y los gobiernos de la Comunidad de Madrid, Canarias y Andalucía.
LA «SINGULARIDAD» DE CATALUÑA COMPLICA LA REFORMA DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN
En el año en que se frustraron las expectativas del Ejecutivo de avanzar más allá del «procés» con la llegada de Salvador Illa (PSC) a la Presidencia de la Generalitat de Cataluña, la dependencia del Ejecutivo central de los partidos independentistas Junts y ERC mantuvo ciertas dinámicas de tensión, especialmente durante la negociación y aprobación de la Ley de Amnistía», defendió el informe.
Además, el debate sobre el sistema de financiación se complicó «aún más» con la propuesta de un modelo de financiación singular por parte de ERC, una condición para apoyar la investidura de Salvador Illa. «La propuesta sigue pendiente de una mínima concreción que permita su valoración razonada, pero sus ambiguos términos iniciales, casi los típicos de los eslóganes en un contexto de propaganda política, abren un debate sobre su constitucionalidad, su oportunidad, su hipotética generalización y los efectos que comportaría», enfatizó el documento.
El informe también describe «avances» en la situación financiera de las comunidades autónomas, gracias al «considerable incremento en la recaudación de los tributos propios y cedidos» y a la inyección de recursos económicos del Estado y la Unión Europea (UE), con la transferencia de fondos europeos y la recuperación del acceso al mercado de la deuda pública por parte de algunas regiones.
EL SENADO, SEDE DE «CONSTANTE ENFRENTAMIENTO» CON EL GOBIERNO
La mayoría absoluta obtenida por el PP en el Senado ha llevado a un «constante enfrentamiento» entre dicha Cámara, el Gobierno, el Congreso y la oposición parlamentaria del PP. «En estos meses se han planteado ante el Tribunal Constitucional (TC) más conflictos entre órganos constitucionales que en toda la historia. Todos ellos implican al Senado, sea en relación con el Gobierno o con el Congreso de los Diputados. En 2024 se suscitaron tres conflictos, a los que deben añadirse los dos de inicio de 2025 referidos a actuaciones de 2024. Y la tendencia se ha consolidado en los primeros meses de 2025 con tres conflictos más», indica el informe.
«La actuación del Senado ha llegado a nuevos máximos que transforman sin paliativos su papel constitucional nunca alcanzado de Cámara de representación territorial por su rol como una dura cámara de oposición al Gobierno y al Congreso a cualquier coste: un bicameralismo muy conflictivo», añade el documento.