Ampliación | El PP provoca otro enfrentamiento institucional al defender bonificaciones del 75% en tasas aéreas

Este miércoles, el Senado ha respaldado una nueva discrepancia de competencias impulsada por el PP, que presiona al Congreso y al Gobierno para que reconsideren su rechazo a una modificación propuesta por la Cámara Alta. Esta enmienda pretende que el Gobierno asigne una partida de 1.200 millones de euros para subvencionar el 75% de las tasas aéreas para los residentes de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla.

Este es el sexto conflicto de este tipo entre las dos cámaras, instigado por el dominio del PP en el Senado. Tras la aprobación en el pleno, se espera que el Congreso responda en un plazo no mayor a 30 días.

Desde el PP, a través de un comunicado, se ha criticado duramente el veto a la enmienda, calificándolo como un “claro conflicto de atribuciones” y subrayando que los presupuestos actuales, correspondientes al año 2023, ya no son adecuados para cubrir las necesidades actuales.

Además, se ha mencionado que tanto aerolíneas como asociaciones y la patronal han señalado que los fondos asignados en los presupuestos de 2023 son insuficientes, advirtiendo de impagos ya ocurridos en 2024 y posibles problemas similares en 2025. Por ello, el PP decidió añadir una enmienda para asegurar la financiación de estas bonificaciones.

No obstante, tras la aprobación en el Senado, el proyecto fue enviado al Congreso donde, según el PP, el Gobierno y la mayoría de la Mesa «mutilaron esa ley», repitiendo una situación similar a la ocurrida con la Ley de la Cadena Alimentaria. Finalmente, el Congreso aprobó la Ley de Navegación Aérea sin incluir la enmienda del Senado, lo que ha sido descrito como un nuevo bloqueo y ataque a las competencias legislativas de esta cámara.

Francina Armengol, presidenta del Congreso, ha sido señalada por Alicia García, portavoz del Grupo Popular en el Senado, como responsable de «mutilar una ley aprobada» que aseguraría el cobro de dichas bonificaciones. García ha asegurado que su grupo utilizará todos los medios políticos, parlamentarios y judiciales disponibles para defender los derechos de los españoles.