QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Andalucía y Cataluña se sitúan como las comunidades autónomas que más partido sacan al anteproyecto de ley aprobado este martes por el Consejo de Ministros para perdonar una parte de la deuda regional. Según el cálculo del Ministerio de Hacienda, el Estado asumiría 18.791 millones de euros en el caso andaluz y 17.104 millones en el catalán, de modo que entre ambas concentran algo más del 43% del total previsto.
El Consejo de Ministros ha dado luz verde en segunda vuelta a este anteproyecto, que incorpora la propuesta de Hacienda para asumir hasta 83.252 millones de euros de deuda de todas las autonomías que se acojan al mecanismo. Esta iniciativa nace del acuerdo alcanzado entre el PSOE y ERC para condonar una parte del pasivo de Cataluña, fórmula que se extiende al conjunto de comunidades que lo soliciten.
En febrero, el departamento que encabeza María Jesús Montero hizo pública la metodología que fija el importe de deuda a asumir por el Estado en cada territorio. No obstante, Hacienda subraya que la decisión final corresponde a cada Ejecutivo autonómico, que tendrá que valorar si se adhiere o no al esquema de condonación planteado.
En cualquier caso, Andalucía y Cataluña figuran como las grandes beneficiadas. Tras ellas se sitúan la Comunidad Valenciana, con 11.210 millones; la Comunidad de Madrid, con 8.644 millones; Castilla-La Mancha, con 4.927 millones; Galicia, con 4.010 millones; Castilla y León, con 3.643 millones; la Región de Murcia, con 3.318 millones; Canarias, con 3.259 millones; Aragón, con 2.124 millones; Baleares, con 1.741 millones; Extremadura, con 1.718 millones; Cantabria, con 809 millones, y La Rioja, con 448 millones.
Fuera de este reparto quedan Euskadi y Navarra, al estar sujetas a su propio régimen foral y no al sistema de financiación de régimen común. Aun así, ambas han planteado ya que pretenden aprovechar el contexto abierto por la condonación para reclamar una compensación equivalente a través de sus mecanismos específicos.
Trámite parlamentario y apoyos políticos
Tras la aprobación en segunda vuelta en el Consejo de Ministros, el Ejecutivo ha remitido el texto al Congreso de los Diputados para iniciar su tramitación parlamentaria. La intención del Gobierno es que la norma quede definitivamente aprobada durante el primer trimestre de 2026.
En el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado en febrero, el Gobierno logró sacar adelante la propuesta gracias al respaldo de las comunidades gobernadas por el PSOE. Por el contrario, las autonomías del PP abandonaron la reunión antes de la votación y no llegaron a pronunciarse formalmente sobre el plan.
El Ejecutivo interpretó este gesto de las comunidades del PP como una especie de abstención, al entender que no votaron explícitamente en contra porque, a su juicio, terminarán sumándose a la medida si finalmente se aprueba, pese a sus críticas públicas.
Con todo, el Ministerio de Hacienda no tiene todavía garantizados todos los apoyos necesarios en las Cortes para sacar adelante la condonación. Algunos socios parlamentarios, como Junts, han expresado sus reservas al considerar que el esquema se extiende a todas las comunidades y no se limita a Cataluña.
Metodología de la condonación en tres fases
El diseño técnico de la medida se articula en tres fases. En la primera se calcula la diferencia entre el endeudamiento autonómico registrado entre el cierre de 2009 y el de 2013, y se compara con el nivel de deuda existente entre finales de 2019 y finales de 2023. De este primer bloque de ajustes resulta una condonación media del 19% sobre el volumen total de deuda autonómica viva al cierre de 2023.
En una segunda fase se introduce una condonación adicional para aquellas comunidades que quedan por debajo de la media del 19,3% de deuda perdonada sobre el total. “Intentamos corregir ese sentimiento de agravio que pueden tener las comunidades autónomas cuando se comparan con lo que ocurre con el resto de los territorios”, ha aclarado Montero.
La tercera etapa incluye dos ajustes orientados, según Hacienda, a dotar al sistema de “mayor equidad”. “En primer lugar, identificamos a la comunidad autónoma que registra una mayor condonación por habitante ajustado. En este caso, es la comunidad valenciana, que tendría 2.284 euros por habitante ajustado y, por tanto, es la cifra de referencia”. A partir de ahí, se eleva la condonación de deuda hasta ese mismo umbral para las autonomías que hayan tenido una financiación homogénea por habitante ajustado inferior a la media entre 2010 y 2022.
El último elemento consiste en una condonación adicional ligada al uso de la capacidad normativa en el IRPF entre 2010 y 2022. Las comunidades que hayan ejercido esa competencia por encima de la media podrán acceder a una rebaja extra del 10% de deuda, mientras que aquellas que se sitúen por debajo de la media optarán a un 5% adicional.
