Este martes, la Junta de Andalucía, junto con Galicia, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Región de Murcia y Canarias, ha firmado un manifiesto para promover la protección del litoral español y asegurar una gestión adecuada del mismo.
En un evento realizado en Valencia, los encargados de la gestión de Costas de cada comunidad autónoma firmaron el documento, el cual critica las deficiencias del marco normativo actual, la insuficiencia de fondos gubernamentales y la urgente necesidad de modificar la Ley de Costas para que se ajuste mejor a las particularidades regionales.
«hemos dado un paso importante para reivindicar que el litoral es mucho más que una línea de costa: es un espacio natural, económico, cultural y social que requiere atención inmediata y un modelo de gobernanza eficaz y corresponsable entre administraciones», declaró Carmen Jiménez, directora general de Sostenibilidad Ambiental y Economía Circular de Andalucía, durante el acto.
El simposio «La Ley de Costas estatal desde una perspectiva autonómica» fue el escenario de esta firma, donde se analizó la evolución de la normativa relacionada con las costas a partir de las experiencias de las comunidades con competencias en esta área.
Jiménez también participó en una mesa redonda con otros líderes regionales, discutiendo los retos específicos de Andalucía frente a la presión normativa, la inseguridad jurídica y los impactos del cambio climático en el litoral.
El manifiesto resalta la falta de criterios técnicos claros por parte del Ministerio para la Transición Ecológica en la definición de los límites del dominio público marítimo-terrestre, lo que añade incertidumbre legal y social, especialmente en un contexto de erosión costera y frecuentes inundaciones.
«se ha hecho evidente que el marco legal vigente no responde ni a la diversidad del territorio español ni a los principios de eficacia que requiere una correcta gestión del litoral. Las comunidades con litoral tenemos experiencia, conocimiento y herramientas, pero necesitamos contar con respaldo legal, coordinación institucional y recursos», sostuvo la directora general.