Antonio Sanz, consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa del Gobierno andaluz y miembro del PP-A, ha expresado este martes su preocupación por lo que considera una inminente traición a Andalucía por parte del Gobierno central, especialmente por parte de su vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, relacionada con un acuerdo con la Generalitat de Cataluña para una financiación especial. La Junta de Andalucía contempla llevar el caso al Tribunal Constitucional (TC) si este acuerdo se materializa.
El anuncio lo realizó Sanz en Sevilla, antes de encabezar el lanzamiento del Club de Mentoras ‘WomANDigital’, promovido por la Agencia Digital de Andalucía (ADA), y en contexto de la reunión de la Comisión Bilateral Gobierno-Generalitat de Cataluña programada para el próximo 14 de julio.
Según Sanz, el 14 de julio podría marcar un hito como el día en que se confirme la mayor traición en la historia de Andalucía, mediante la firma de María Jesús Montero, como representante del Gobierno de Pedro Sánchez y ministra de Hacienda, de un acuerdo que profundiza en la desigualdad y los privilegios entre comunidades autónomas.
El consejero ha calificado la potencial firma del acuerdo como un ataque al principio de igualdad y ha reiterado que el 14 de julio se podría estar culminando la mayor traición a Andalucía jamás realizada. Ha añadido que, de confirmarse el acuerdo ese día, Montero se convertiría en la figura que ha traicionado profundamente a Andalucía, al favorecer una financiación privilegiada y singular para Cataluña, lo cual constituiría un grave atropello a la igualdad entre los españoles.
Además, ha indicado que la acción sería inconstitucional, por lo que el Gobierno de Andalucía está considerando seriamente la posibilidad de llevar el asunto al Tribunal Constitucional. También ha señalado que Montero, por asegurar siete votos para mantener a Sánchez en el poder, está apostando por una España de privilegios e inequidad, y por causar un nuevo perjuicio a Andalucía.
Sanz también ha mencionado las graves consecuencias económicas que podría tener el acuerdo, como la pérdida de 1.500 millones de euros debido a un mal acuerdo de financiación actual y una deuda del Gobierno de Sánchez hacia Andalucía que asciende a más de 15.000 millones de euros. Ha enfatizado que la firma del acuerdo no solo sería una traición, sino también una falta de respeto intolerable hacia Andalucía, comprometiéndose a luchar en todos los frentes políticos y legales necesarios.
Finalmente, Sanz ha criticado que este tipo de iniciativas financieras privilegiadas y la división de oportunidades es insostenible desde el punto de vista del Estado, tanto económica como presupuestariamente, y ha acusado al Gobierno de llevar a España hacia una situación insostenible.