Esperanza Gómez, diputada del Grupo Parlamentario Por Andalucía, ha manifestado en una conferencia de prensa que “está claro que alguien tiene que dar explicaciones” después de haberse celebrado dos sesiones de testimonios en el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla, relacionadas con la contratación de emergencia en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) una vez anulada la normativa estatal que respaldaba estas acciones durante la pandemia de coronavirus.
La parlamentaria ha remarcado que la situación ha salido a la luz especialmente tras la comparecencia de varios responsables del SAS y la intervención de la actual viceconsejera de Economía, Amelia Martínez, como testigo, entre otros. Gómez ha destacado que “algunas de las decisiones se tomaron de viva voz entre conversaciones informales entre dos viceconsejeros en el Consejillo previo al Consejo de Gobierno”.
Además, Gómez ha hecho referencia a un informe de la Fiscalía Anticorrupción que sugiere que se tome declaración a la ex viceconsejera de Salud, Catalina García, y al ex viceconsejero de Hacienda, Roberto Ochoa, como testigos. En cuanto a los investigados, actualmente incluyendo la gerente del SAS y sus antecesores, mencionó que se trata de “cargos que han gestionado millones y millones de euros en contratos de emergencia”, y criticó que estos “no se dan por aludidos y continúan desviando dinero público hacia empresas privadas, manteniendo esta práctica hasta bien entrado el 2024”.
La coordinadora de Sumar Andalucía también ha señalado que las diligencias buscan esclarecer “por qué el 6 de octubre de 2020 el Consejo de Gobierno decidió, sin informes ni fiscalización previa, que los contratos de salud pasaran a un modelo de control financiero permanente, más laxo”. Además, destacó que “la estrategia de defensa es uniforme” y que se ignoraron directivas de la Consejería de Hacienda para retomar la contratación normal.
Finalmente, Gómez ha diferenciado claramente este caso de otros, insistiendo que “NO ES EL CASO MASCARILLAS, ES EL CASO PP” y ha criticado la gestión de contratos públicos que, según ella, ha beneficiado fraudulentamente a ciertos políticos y sus familias durante años.