Loles López, consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, ha expresado su rechazo al ‘intento de imposición’ del Gobierno liderado por Pedro Sánchez, quien ha organizado una Conferencia Sectorial con el objetivo de distribuir aproximadamente 4.000 menores migrantes no acompañados procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla. Asimismo, ha acusado al Gobierno de utilizar a estos menores como ‘mercancía política’ y ha denunciado como ‘ilegal’ el orden del día de la conferencia, que fue desaprobado previamente por la mayoría de las comunidades autónomas en una reunión sectorial, conforme a las reglas de ese órgano.
La consejera ha criticado la propuesta de distribución, que coloca a Andalucía como la principal receptora de menores, con un total de 677, mientras que Cataluña y País Vasco quedan excluidos. Según López, esto demuestra que ‘para Sánchez, estos niños son pura mercancía política’, utilizándolos como ‘moneda de cambio’ para mantener su posición de poder.
López ha advertido que el diseño del reparto ‘sólo busca enfrentar a las comunidades autónomas entre sí, aplicando criterios arbitrarios, sin consenso, y con el objetivo de excluir a Cataluña y País Vasco’, regiones clave para la estabilidad del gobierno de Sánchez. En contraposición, ha abogado por ‘el respeto institucional y por una política migratoria que respete los procesos legales y la igualdad entre territorios’, mientras acusa al Gobierno de España de priorizar ‘el interés del sillón de Sánchez sobre el interés del menor’.
Además, López ha declarado que Andalucía ‘seguirá siendo una tierra solidaria, pero dentro de las limitaciones del Sistema de Protección de Menores de Andalucía, que está al borde de su capacidad’. Ha criticado la política de protección del menor de Sánchez por ‘acumular a los niños en edificios, impidiendo su atención personalizada y su inclusión efectiva en la sociedad’.
Como prueba de la ‘solidaridad incuestionable’ de Andalucía, López ha mencionado a los ‘634 menores migrantes no acompañados que el Gobierno de España ha introducido en Andalucía de manera encubierta, simulando ser mayores de edad, a quienes el gobierno regional está asistiendo exhaustivamente’. Ha calificado de ‘inaceptable’ el traslado continuo de menores sin una verificación adecuada de su edad, ya que ‘promueve el fraude en la declaración de minoría y cuestiona todo el procedimiento legal’.
Finalmente, López ha señalado la ‘doble vara de medir’ del Gobierno de Sánchez, que ‘rechaza acoger a más de 1.000 solicitantes de protección internacional que le exige el Tribunal Supremo, alegando falta de recursos, mientras impone a las comunidades autónomas la responsabilidad de aceptar menores migrantes sin el adecuado diálogo o coordinación’. Además, ha recordado que Andalucía, junto a otras comunidades, ha presentado una demanda ante el Tribunal Constitucional contra el Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, argumentando que ‘invade competencias exclusivas de las CCAA, afecta a derechos fundamentales de los menores y vulnera principios constitucionales de autonomía, solidaridad y suficiencia financiera’.