Karim E.B., acusado de dirigir la narcolancha que resultó en la muerte de dos agentes de la Guardia Civil al embestir su embarcación repetidamente en Barbate (Cádiz) el 9 de febrero de 2024, ha cumplido un año en prisión desde su arresto el 19 de septiembre, siete meses después del incidente. Entre noviembre de 2024 y mayo de 2025, fueron arrestados los tres acompañantes de Karim, dos de los cuales fueron liberados bajo fianza en julio.
La captura de Karim generó diversas reacciones, incluyendo la del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien destacó que la Guardia Civil “desde el primer momento” trabajó arduamente para llevar a los responsables ante la justicia. El ministro alabó el “compromiso” de las fuerzas de seguridad en su lucha contra las organizaciones criminales que amenazan la sociedad.
Inicialmente, tras el incidente, se detuvo a seis personas de otra narcolancha en el puerto de Barbate, liderada por ‘Kiko el Cabra’. Sin embargo, investigaciones posteriores de la Guardia Civil concluyeron que no fueron ellos quienes embistieron a los agentes. Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) desvinculó a la embarcación de ‘Kiko el Cabra’ de los ataques, basándose en testimonios y vídeos, incluido uno grabado por uno de los detenidos.
La detención de Karim fue bien recibida por el gobierno, según declaró el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, resaltando la colaboración de Marruecos desde el inicio de la investigación. También destacó el meticuloso trabajo de la Guardia Civil.
La asociación ‘Nuestro corazón por bandera’, integrada por mujeres de guardias civiles y policías, expresó su satisfacción pero también demandó más recursos para los cuerpos de seguridad, para asegurar que “vuelvan vivos a casa”.
Tras la evaluación judicial, dos de los cuatro acusados fueron puestos en libertad provisional, con restricciones como la prohibición de salir del país y la obligación de comparecer ante el tribunal, después de que las defensas de los detenidos en noviembre de 2024 y mayo de 2025 solicitaran su liberación, a lo que la Fiscalía no se opuso en dos casos.