QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Los tres detenidos llegaron este sábado a la Audiencia Nacional a las 08.30 horas en furgón policial y el juez comenzó a tomarles declaración a las 10.00 horas. Fueron arrestados el miércoles por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en el marco de una investigación que permanece bajo secreto de sumario y que impulsa la Fiscalía Anticorrupción por presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.
Solicitud de libertad con medidas cautelares
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña que acuerde la puesta en libertad con medidas cautelares de Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso, investigados por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos.
Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que la fiscal Elisa Lamelas solicita comparecencias periódicas ante el juzgado y la retirada del pasaporte, sin que ninguna otra parte haya pedido prisión, por lo que el magistrado no podrá acordarla.
Registros y requerimientos de información
El instructor ordenó registros y requerimientos de información en Madrid, Sevilla y Zaragoza relacionados con empresas vinculadas a Servinabar, mercantil que, según las pesquisas de la UCO, estaría relacionada con el exdirigente socialista Santos Cerdán. Los agentes registraron las sedes de Forestalia en Madrid y Zaragoza y acudieron a la SEPI, Mercasa, Conaudure y Enusa, además de solicitar documentación en Correos y en los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica.
Este último indicó que facilitó dos expedientes administrativos “con total colaboración”, asegurando que se tramitaron “con todas las garantías y siguiendo los procedimientos habituales”.
Investigación paralela sobre Leire Díez
En paralelo, Leire Díez figura como investigada en otra causa en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho, relacionados con el ofrecimiento de favores a cambio de información sobre miembros de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción.
El juez Artuzo Zamarriego considera que la exconcejal socialista «lidera» una «actuación delictiva, continuada y coordinada» para «recabar información comprometida o irregular» con el fin de «anular o malbaratar» investigaciones en «casos relevantes que afectan a políticos y empresarios».
Díez declaró el pasado 17 de noviembre ante el juez que mantuvo dos reuniones con Cerdán, aunque señaló que fue como periodista y que no tiene ningún vínculo con el partido ni ofreció favores. E hizo un repaso por su vida laboral, indicando que en 2018 entró en Enusa, donde estuvo hasta 2021, cuando se fue con una excedencia voluntaria a Correos como jefa de Relaciones Institucionales, ambas compañías dependientes de la SEPI.
Los pagos de Servinabar a Vicente Fernández
Por su parte, Fernández fue nombrado por el Gobierno presidente de la SEPI en junio de 2018, cargo del que dimitió en octubre de 2019 por su imputación en el ‘caso Aznalcóllar’, por el que acabó sentado en el banquillo por el supuesto amaño del concurso internacional para la adjudicación de la mina, pero del que fue absuelto este año.
Fernández aparece en la documentación que la Hacienda Foral de Navarra remitió al Tribunal Supremo en el marco del ‘caso Koldo’ sobre la información tributaria de Servinabar.
En esos documentos se detalla que Fernández recibió de la empresa un total de 68.632,48 euros en 2021 y 33.251 euros en 2023. También consta que le fueron retenidos 40.800 euros en 2022.
Antxon Alonso y la pieza del ‘caso Koldo’
Antxon Alonso, administrador único de Servinabar, está siendo también investigado por el Supremo en la pieza del ‘caso Koldo’ relativa a la presunta trama de amaños de obra pública.
Cuando tuvo que declarar el pasado 8 de julio ante el magistrado instructor, Leopoldo Puente, el empresario negó el pago de mordidas a cambio de adjudicaciones públicas, desvinculó a Cerdán de dicha empresa y reconoció que realizó pagos al exasesor ministerial Koldo García por su intermediación como comisionista de proyectos de construcción privados anteriores a 2017.
Alonso defendió que él siempre ha sido socio único de Servinabar, quitando validez al contrato privado de compraventa hallado por la Guardia Civil donde consta que Cerdán adquirió por 6.000 euros 1.350 participaciones (45%) de esa empresa, que se hizo con obras del Gobierno navarro por más de 75 millones de euros.
