La Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) ha decidido abrir un procedimiento sancionador contra el alcalde de Almussafes (Valencia), Toni González, la Empresa Municipal de Servicis Públics (EMSPA), su gerente y los miembros del Consejo de Administración por la posible comisión de una infracción calificada como "muy grave". El motivo es la presunta "adopción de represalias" contra la primera mujer que denunció al primer edil ante el PSOE por acoso sexual y laboral, y que acabó siendo despedida de la empresa pública.
La afectada presentó el 5 de julio del año pasado una denuncia ante Antifraude por supuestas irregularidades en los procesos de contratación de la EMSPA y, posteriormente, pidió el estatuto de protección, que le fue concedido. En ese momento, la AVAF ya detectó un "alto riesgo de sufrir represalias" sobre la trabajadora.
Según consta en una resolución de este lunes, a la que ha tenido acceso Europa Press, la agencia asegura haber identificado un "patrón de represalias continuadas" contra la denunciante. Ese patrón se concretaría en "descrédito profesional y reputacional", "aislamiento, descalificaciones y hostigamiento", "deducciones indebidas en nómina" y en la "negativa institucional a intervenir cuando la trabajadora pidió ayuda para frenar la situación".
La resolución también reprocha la "exposición pública en el pleno municipal de su situación personal y laboral", la "apertura del expediente disciplinario tras el requerimiento expreso de AVAF para cesar cualquier actuación contraria al estatuto de protección", la "atribución de una conducta potencialmente delictiva sin constatación mínima suficiente" y un "despido disciplinario".
La institución subraya que no se encuentra ante un "hecho aislado", sino ante un "patrón" que arranca cuando la mujer, entonces empleada de la EMSPA, "denuncia irregularidades y obtiene protección oficial porque ya existe un contexto de riesgo de represalias". Pese a ello, "no se neutraliza el entorno hostil, sino que persisten el descrédito, la exposición pública y la inacción ante sus peticiones de ayuda".
En ese punto, prosigue la AVAF, cuando el organismo "exige expresamente que cesen los actos lesivos, la respuesta empresarial no es la contención, sino la escalada: expediente disciplinario, invocación de revelación de secretos, denuncia penal y, finalmente, despido".
El expediente disciplinario y la difusión de la auditoría
El 22 de diciembre de 2025, Antifraude remitió un escrito a la EMSPA instándole a evitar "cualquier acto que vulnerase el estatuto de protección" de la trabajadora. No obstante, el 15 de enero la empresa le notificó la apertura de un expediente disciplinario por "la supuesta difusión de un archivo de auditoría con datos laborales y personales de la plantilla", alegando que se trataba de información "no pública" cuya revelación "podría incluso ser constitutiva de delito".
Sin embargo, la AVAF concluye que, tras analizar los hechos, la documentación del expediente y las imágenes incorporadas, y a partir de la consulta de los informes de auditoría colgados en años anteriores en la web de EMPSA para su consulta abierta, "se deduce de forma muy cualificada para este procedimiento que el documento utilizado como sustento del reproche disciplinario incorporaba datos que ya habían sido hechos públicos por la empresa".
La resolución precisa que "se ha constatado que el enlace con el informe de auditoría ya era accesible y de que la fecha y hora de publicación del documento era el 24 de noviembre de 2025, a las 14.15 horas; además, se ha verificado que el pantallazo aportado --por la trabajadora-- sitúa el reenvío de la auditoría el 25 de noviembre de 2025. Con lo que en la fecha en la que compartió a varios trabajadores, en su condición de delegada de personal, a través de Whatsapp el informe, este ya era público".
"A lo que debe añadirse que, los datos de los trabajadores supuestamente revelados ya habían sido publicados por la empresa pública municipal en los informes de auditoría de los años anteriores", remacha el organismo en su escrito.
Medidas provisionales y posibles sanciones
En base a estos hechos, la AVAF acuerda incoar procedimiento sancionador por una posible infracción muy grave del artículo 63.1.b) de la Ley 2/2023, en conexión con el artículo 36, por la adopción de represalias contra la denunciante. Paralelamente, dicta varias medidas cautelares, entre ellas requerir a la EMSPA "la suspensión inmediata de la eficacia ejecutiva del acuerdo de despido disciplinario, así como de todos los actos de ejecución o desarrollo derivados".
Como consecuencia, la agencia ordena la reposición provisional de la trabajadora en su puesto, "con mantenimiento íntegro de sus condiciones profesionales y retributivas, alta y cotización, hasta que recaiga resolución administrativa firme en este procedimiento o pronunciamiento jurisdiccional incompatible". Esta medida se adopta, explica, "por ser la única idónea para evitar la consolidación del perjuicio y preservar la efectividad de la eventual resolución sancionadora y restauradora".
Asimismo, reclama tanto a la EMSPA como al Ayuntamiento de Almussafes "que se abstengan de realizar nuevos actos de presión, descrédito, exposición pública, hostigamiento o alteración perjudicial de las condiciones de trabajo de la persona protegida mientras se tramita este procedimiento".
La resolución detalla que, si finalmente se confirma la calificación provisional como infracción muy grave, "podrían imponerse multas de 30.001 a 300.000 euros a las personas físicas responsables y de 600.001 a 1.000.000 de euros a la persona jurídica responsable, sin perjuicio de las consecuencias accesorias previstas legalmente".
Respuesta del alcalde de Almussafes
En paralelo, el alcalde de Almussafes ha difundido este martes una carta en redes sociales en la que insiste en que "desde las direcciones que encabezan Diana Morant y Rebeca Torró", en el PSPV y en el PSOE, se ha "construido un caso" contra él y se le ha convertido en "cabeza de turco y aviso de navegantes al mismo tiempo". "Con un mensaje muy claro --subraya--: quien se atreve a discrepar y salirse de la línea marcada será juzgado, condenado sin pruebas y expulsado".
El primer edil asegura tener "la conciencia tranquila" y afirma contar con "el firme apoyo de los regidores del equipo de gobierno, de los 41 integrantes de la anterior ejecutiva y de más de 300 militantes del PSOE de Almussafes". "Voy a seguir mi batalla judicial cueste lo que cueste", añade, convencido de que "el tiempo pondrá a cada uno en su sitio".
El pasado sábado, los concejales del PSPV-PSOE de Almussafes lamentaron públicamente la expulsión de Toni González del partido y anunciaron la puesta en marcha de una nueva formación política. En ese comunicado acusaron a Morant y Torró de estar "imponiendo" un modo de funcionamiento "al estilo de una secta destructiva".