Antonio Sanz, consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, ha mostrado este martes su respaldo a la medida tomada por la Audiencia Provincial de Sevilla para llevar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) una cuestión prejudicial después del veredicto del Tribunal Constitucional (TC) sobre el recurso de amparo de antiguos cargos socialistas, lo que obliga a redactar una nueva sentencia.
Sanz calificó esta medida como ‘una decisión coherente y necesaria’ frente al peligro de que ‘impune este monumental fraude’. En declaraciones difundidas a la prensa mediante un audio, el consejero manifestó la confianza del gobierno regional en que la justicia europea ‘ponga cordura’, reafirmando que era la acción adecuada ante lo que describió como ‘posible extralimitación e intromisión en las funciones del Tribunal Supremo’.
‘Europa tiene que posicionarse’, afirmó Sanz, destacando la necesidad de que la Junta de Andalucía intervenga judicialmente para ‘ser oídos como parte claramente perjudicada en defensa del interés general de los andaluces’. También señaló que la postura del Tribunal Constitucional frente a los recursos de amparo de los condenados, incluidos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, ‘pueden provocar una gravísima impunidad parcial del mayor caso de corrupción política de España’.
El consejero ha enfatizado la determinación del gobierno desde que el Partido Popular llegó al poder en enero de 2019, de ‘hacer todo lo posible para recuperar ese dinero’, mencionando iniciativas como acciones civiles y penales y el uso del procedimiento administrativo de revisión de las ayudas para su reintegro, con 244 reclamaciones efectuadas. Además, confirmó que ‘la Junta de Andalucía está personada en todas las causas como acusación particular’, junto con ‘demandas de responsabilidad contable ante el Tribunal de Cuentas’.
‘Este Gobierno quiere evitar que el inmenso fraude que se cometió quede impune’, concluyó Sanz, mostrando la firme postura del ejecutivo autonómico. Además, expresó su esperanza de que el TJUE ‘ponga freno a una más que posible extralimitación’.