QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El presidente de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI), Carlos Parry, ha reclamado en el Congreso que los partidos dejen a un lado sus intereses inmediatos y cierren un acuerdo amplio para aprobar cuanto antes la futura Ley de lobbies, una norma que -según subrayó- es “una exigencia democrática” para reforzar la transparencia y evitar que la regulación quede bloqueada por disputas partidistas.
El sector reclama una ley largamente esperada
La Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) ha lanzado un mensaje claro al Congreso de los Diputados: la futura Ley de lobbies no puede quedar bloqueada por intereses partidistas. La organización, que agrupa a la mayoría de profesionales de los asuntos públicos en España, recuerda que lleva más de una década reclamando un marco regulatorio que aporte transparencia, igualdad de acceso y reglas claras en la interlocución con las instituciones.
El debate se ha intensificado después de que Junts haya presentado 19 enmiendas al texto que poco tienen que ver con la materia de los grupos de interés, lo que ha despertado preocupación en el sector. APRI advierte de que introducir reivindicaciones ajenas a la regulación solo pone en riesgo un proyecto clave para la calidad democrática.
La comparecencia en el Congreso
En una intervención ante la Comisión para la Auditoría de la Calidad Democrática, la asociación defendió la necesidad de tramitar de forma paralela el I Plan de Parlamento Abierto y la Ley de lobbies, al considerar que ambas medidas son complementarias. “Un Parlamento abierto solo será posible si existe una regulación clara de la actividad de lobby”, subrayó la entidad.
Carlos Parry, presidente de APRI, insistió en que el sector no busca un privilegio corporativo, sino un marco “ético, transparente y eficaz” que coloque a España al nivel de otras democracias consolidadas como Reino Unido, Canadá, Estados Unidos o las instituciones europeas.
Propuestas concretas del sector
Entre las medidas defendidas por APRI figuran la creación de un registro obligatorio de lobbies, la publicación de las agendas de diputados y altos cargos, la implantación de una huella legislativa que permita seguir el rastro de las decisiones políticas y normas claras para prevenir conflictos de intereses.
APRI sostiene que estas herramientas mejorarían la calidad de las políticas públicas, garantizarían igualdad de oportunidades entre actores y reforzarían la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. “No queremos ser rehenes de ningún partido”, ha añadido.
APRI, tajante: la futura regulación no puede quedar atrapada en el pulso político
«La transparencia no se negocia”, recuerdan sus representantes, pidiendo a los grupos que dejen a un lado cálculos inmediatos y trabajen en un consenso amplio que permita aprobar la ley antes de que acabe el año.
La asociación insiste en que situar a España junto a las democracias más avanzadas en esta materia es una obligación y no un mero gesto. En su opinión, contar con reglas claras no solo fortalecería la rendición de cuentas, sino que dotaría al propio Congreso de mayor legitimidad y eficacia en el proceso legislativo.
