QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley Básica de agentes forestales y medioambientales y su remisión al Congreso de los Diputados. Este proyecto refuerza la consideración de los agentes forestales y medioambientales como policía administrativa especial y policía judicial en sentido genérico. Además, tendrán a todos los efectos legales el carácter de agentes de la autoridad, sin perjuicio de su colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
A pesar de que ya existía una normativa estatal básica aplicable en materia de medioambiente, las diferencias en los modelos organizativos y funcionales de las comunidades autónomas hace necesaria, a juicio del Gobierno, la aprobación de un marco básico a nivel nacional.
En el texto legal aprobado se define el estatus y las tareas a desempeñar por parte de los agentes forestales y medioambientales. Entre ellas, las labores de custodia y vigilancia de la naturaleza, apoyo a la gestión del medio ambiente, auxilio y colaboración en emergencias y protección civil en el medio natural.
Proyecto de Ley Básica de bomberos forestales
El Consejo de Ministros ha aprobado y remitido también a la Cámara Baja el Proyecto de Ley Básica de bomberos forestales, que establece con carácter básico las condiciones en que estos profesionales deben desarrollar su trabajo, con independencia de que se trate de personal funcionario, laboral o contratado por empresas públicas o privadas a las que las administraciones públicas hayan contratado para la prestación de dichos servicios.
Los principales aspectos regulados son el reconocimiento legal expreso e individualizado de la categoría de bombero forestal a nivel nacional; la definición de funciones que pueden llevar a cabo además de la extinción, como la prevención, detección, vigilancia, labores de información a la población, así como de apoyo a las contingencias en el medio natural y rural; prevención de riesgos laborales y defensa jurídica del colectivo.
El Anteproyecto de Ley reguladora de la Fundación del Teatro Real
El funcionamiento de un teatro de ópera, como el Teatro Real tiene necesidades específicas que hacen necesario adecuar su gestión a las exigencias de las artes escénicas. El anteproyecto establece un marco de contratación laboral adecuado a las circunstancias de las producciones artísticas y también de las personas que realizan actividades técnicas o auxiliares, garantizando su estabilidad en el empleo.
De esta forma, el Teatro Real tendrá su propia ley al igual que otras grandes instituciones culturales españolas como el Museo Nacional del Prado, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Biblioteca Nacional de España. Además, se mantiene su carácter de fundación del sector público adscrita a la Administración General del Estado y se reconoce a la Comunidad de Madrid como administración fundadora y al Ayuntamiento de Madrid como administración colaboradora.
El Fondo de Contingencia y los daños por ‘Filomena’
El Consejo de ministros también ha aprobado un acuerdo por el que se autoriza una aplicación del Fondo de Contingencia, por importe de 23.065.911,16 euros para paliar los daños causados por la borrasca Filomena, en varias comunidades autónomas.
Durante 2023 se prevé librar esa cuantía para los proyectos que acreditaron la adjudicación de las obras y a los que no se les pudo librar dicho importe en 2022, así como en concepto de pagos finales, para los proyectos que se terminen en 2023.
Fondos para políticas contra violencia machista
Además, se ha aprobado la propuesta de distribución territorial entre las comunidades autónomas de 140.202.020 euros desarrollar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
Esta propuesta tiene que ser sometida a la Conferencia Sectorial y con ella se garantiza una financiación estable y suficiente para llevar a cabo las actuaciones dirigidas a prevenir la violencia contra las mujeres, de todas las formas de violencia.
Planes de ordenación del espacio marítimo
En el marco de los Compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C7, R4), el Gobierno ha dado luz verde a un Real Decreto por el que se aprueban los planes de ordenación del espacio marítimo de las cinco demarcaciones marinas españolas. Se trata de un instrumento estratégico transversal que permite un mejor aprovechamiento del espacio marítimo, reduciendo conflictos y potenciando coexistencias y sinergias, que se realiza por primera vez en España.
