QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Ejecutivo de Aragón ha decidido no participar en la próxima Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, programada para este jueves, debido a la inclusión en la agenda del tema sobre el reparto de menores extranjeros no acompañados, tema que fue rechazado en la conferencia del 8 de julio.
Por lo tanto, ni Carmen Susín ni ningún otro representante del Departamento de Bienestar Social y Familia asistirán. El Gobierno de Aragón se opone vehementemente al ‘intento de imposición’ por parte del Gobierno de España, que ha organizado una Conferencia Sectorial sin considerar la voluntad de las Comunidades Autónomas, ignorando lo estipulado en las normas de funcionamiento de estas comisiones.
Además, el gobierno regional, en un comunicado, ha declarado que no permitirá que los menores sean usados como moneda de cambio político. ‘Son personas a proteger, no paquetes a repartir. Y deben ser atendidos con dignidad, no utilizados como coartada para resolver las urgencias parlamentarias de un presidente atosigado por la corrupción de su entorno’.
En cuanto al presidente del Gobierno de España, el comunicado menciona que ‘Pedro Sánchez sólo piensa en Pedro Sánchez. En lugar de actuar con responsabilidad, utiliza a los menores como escudo político. Y nuestro compromiso es con el interés del menor, no con el interés de Pedro Sánchez. Ante la falta de política migratoria, nos negamos a asumir las consecuencias del fracaso del Gobierno’.
El comunicado también critica el diseño del reparto por parte del Gobierno, que busca enfrentar a las Comunidades Autónomas y aplica criterios arbitrarios y sin consenso, excluyendo a Cataluña y País Vasco. ‘Frente a esto, reclamamos respeto institucional, y afirmamos que no se puede gobernar a golpe de decreto, sin escuchar a las Comunidades Autónomas, despreciando los cauces legales e ignorando el principio de igualdad entre territorios’.
Adicionalmente, el Gobierno de Aragón advierte sobre el ‘colapso’ inminente de los sistemas de protección de menores, que ya están operando al máximo de su capacidad. ‘La llegada forzosa de más menores, sin recursos, sin planificación y sin garantías, nos obligaría a abrir macrocentros que imposibilitan su atención personalizada e integración’. El Gobierno de España ‘no se compromete a garantizar condiciones dignas de atención, y su única intención es repartir el problema, transferirlo a otras administraciones y desentenderse de él’.
El Ejecutivo aragonés también considera ‘inaceptable’ que se intente trasladar menores sin una determinación efectiva de su edad previa, lo que incentiva el fraude en la declaración de minoría y pone en duda todo el procedimiento. ‘El Estado debe velar por la verdad y la legalidad, no incentivarlas a la carta’.
El anuncio del reparto actúa como un ‘efecto llamada’, reconociendo un aumento del 700% en la llegada de menores en los últimos tres años. ‘¿Hasta cuándo tendremos que seguir acogiendo?’.
Finalmente, Aragón exige que el Gobierno central asuma directamente, con financiación propia, la atención a los menores no acompañados en situaciones de emergencia. Esto fue acordado en septiembre de 2024 y reiterado en la Declaración de Asturias.
‘La doble vara de medir del Gobierno es ya insostenible. Se niega a acoger a los más de mil solicitantes de protección internacional que le exige el Tribunal Supremo, pero exige a las comunidades asumir repartos forzosos sin medios. No puede seguir señalando a otros mientras elude sus responsabilidades’.
El Gobierno de Aragón mantiene que el Real Decreto-Ley 2/2025, de 18 de marzo, es inconstitucional porque invade las competencias de protección y tutela de los menores, exclusivas de las Comunidades Autónomas, ‘así lo hemos expresado en los once recursos ante el Tribunal Constitucional que han sido admitidos a trámite’.
