Hoy, 18 de mayo, se aprueba por el Congreso de los Diputados esta ley, dado que se pidió su avocación al Pleno y por ello no resulta aprobada directamente en la Comisión con competencia legislativa plena.
Lo primero a destacar en esta Comisión de Economía es el magnífico ambiente que existe entre los grupos parlamentarios, por supuesto defendiendo cada cual sus ideas, pero manteniendo el máximo respeto en las intervenciones y un espíritu constructivo y negociador. Algo desde luego tendrá que ver la labor del presidente de la Comisión (Celso Delgado, del PP) y de la letrada de la Comisión (Mónica Moreno).
Además, el Ministerio de Economía y Transformación Digital entendió desde el primer momento la necesidad de negociar con los grupos parlamentarios a fin de mejorar un texto respecto del que el sector financiero (bancos, seguros y entidades de gestión de valores mobiliarios) señalaba que tenía defectos graves, sin que en ningún momento dicho sector se opusiese a la creación de esta Autoridad Independiente. Los altos cargos del Ministerio realizaron rondas informativas respecto a lo que iban a asumir de las propuestas de los grupos, e incluso en la reunión con Ciudadanos salieron adelante nuevas ideas para llegar a acuerdos. En este sentido, es justo también destacar el magnífico trabajo realizado por Pedro Casares, el portavoz del PSOE en la Comisión.
En fin, ya nos gustaría que el Gobierno tuviera el mismo talante en todas las leyes…
Considerábamos oportuna la creación de una autoridad única que centralizara los mecanismos de resolución de las desavenencias con los clientes
La identificación de los defectos más evidentes del texto propuesto por el Gobierno como proyecto de ley la llevó a cabo Rubén Manso, de Vox, mediante la presentación de una enmienda a la totalidad de devolución. No salió adelante. Ya entonces, desde la Tribuna del Congreso, puse de manifiesto en nombre de Ciudadanos que aunque íbamos a votar en contra de la devolución porque esta Ley era necesaria para proteger al cliente financiero. Sin embargo, coincidíamos en la mayor parte del diagnóstico que la enmienda hacía.
Coincidíamos en todas las críticas menos en una: considerábamos oportuna la creación de una autoridad única que centralizara los mecanismos de resolución de las desavenencias con los clientes mediante un sistema de resoluciones vinculantes en lugar de mantener los tres servicios de reclamaciones de los tres reguladores (Banco de España, Dirección General de Seguros y CNMV), reclamando, eso sí, al Gobierno que el personal de estos tres servicios nutriera la nueva Autoridad a fin de no incrementar excesivamente el gasto público.
Sobre estas ideas iniciales, se plantearon las enmiendas parciales al texto del Gobierno.
Empezaré por destacar los temas más relevantes donde los distintos grupos parlamentarios, entre ellos Ciudadanos, propusimos distintas soluciones que fueron finalmente aceptadas mediante enmiendas transaccionales por el Gobierno:
- La jurisdicción a la que acudir para recurrir la decisión de la Autoridad. El proyecto distinguía entre la jurisdicción civil y la contencioso-administrativa según que la resolución fuera o no vinculante, lo que iba a causar una evidente inseguridad jurídica con la posibilidad de jurisprudencia contradictoria sobre las mismas materias. Igual que lo que sucedía con las decisiones de la OEPM (Oficina Española de Patentes y Marcas) en materia de propiedad industrial, que el propio Ministerio de Justicia del PSOE corrigió, en 2022, remitiendo todas las pretensiones a la jurisdicción civil por tratarse de pretensiones entre particulares, aunque por en medio aparezca una autoridad administrativa. La objeción fue admitida en el sentido que demandábamos, creándose un procedimiento judicial por escrito a fin de no saturar el trabajo de la Abogacía del Estado en defensa de la Autoridad.
- La financiación del sistema mediante una tasa. El proyecto establecía en 250 euros por reclamación, cualquiera que fuera la cuantía de ésta y el sentido de la decisión de la Autoridad, sin acompañar ningún estudio económico sobre el coste de funcionamiento. Se crea un sistema de liquidación anual que supone que paguen más aquellas entidades cuyas reclamaciones se vean más asiduamente estimadas, o sea, que lo hagan peor con sus clientes.
- La posible inconstitucionalidad del arbitraje administrativo obligatorio, con el antecedente del establecido en su día en la Ley de Transportes. Debo resaltar el papel de Ciudadanos dado que en exclusiva propusimos —y fue aceptado— que se permitiera que la entidad financiera en caso de resolución vinculante estimatoria de las pretensiones del cliente pudiera acudir a la jurisdicción.
A continuación, destacaré especialmente aquellas propuestas, además de la recién citada, que han sido aceptadas con transacciones, planteadas en exclusiva por Ciudadanos, a saber:
- Excluir del sistema las reclamaciones que puedan realizar grandes empresas. Cuestión aceptada mediante remisión a las normas europeas que definen la microempresa, la pequeña y la mediana empresa. No tiene ningún sentido que este sistema sirviera para ventilar las quejas que tuviera, por ejemplo, el Banco Santander contra el BBVA, puesto que no existe desigualdad entre las partes.
- Que en la elaboración de los Códigos de Buenas Prácticas, de autorregulación, se tuviera en cuenta la opinión de las entidades.
- Que en estos Códigos se contengan tablas de indemnizaciones estandarizadas para determinadas prácticas indebidas de las entidades, especialmente para aquellos casos en que la pretensión sea de cuantía indeterminadas, pues entonces las indemnizaciones pueden tener carácter punitivo, lo que es extraño en nuestro Derecho y puede dar lugar a inseguridad jurídica y a arbitrariedad en la fijación.
Se incluye un sistema razonable de proporcionalidad en su cuantía en casos de reincidencia
Otras cuestiones relevantes de esta Ley fueron:
- La mejor coordinación entre las autoridades de regulación de los tres mercados y la Autoridad que resuelve las pretensiones de los clientes, a fin de que no existan contradicciones entre ellas. No se admitieron las propuestas, pero se amplió la legitimación para poder acudir a la unificación de criterio en la llamada Sección Especial de la Autoridad.
- Se rebajan las multas por temeridad y se incluye un sistema razonable de proporcionalidad en su cuantía en casos de reincidencia. El recurso contra la multa se remite a la jurisdicción contencioso-administrativa.
- Se amplía el ámbito de los supuestos que dan derecho a las cuenta de pago básicas del RDL 19/2017.
- Podemos incluyó una propuesta –que Ciudadanos también firmó- sobre la necesidad de considerar en el cliente las circunstancias personales de discapacidad, extranjería o situación administrativa, otorgando legitimación para las reclamaciones a las asociaciones de éstas, así como que se valore, por parte del Banco de España, las necesidades de las personas mayores en relación con sus habilidades financieras.
- El establecimiento de sistemas de guía e información sobre las posibles reclamaciones a presentar ante la Autoridad, tanto si las consultas son presenciales, telefónicas o telemáticas.
- No se admitió por el Gobierno que pudieran existir cuantías diferentes para cada uno de los tres mercados como límite del carácter vinculante de las resoluciones de la Autoridad. El Gobierno planteó que si se bajaba la cuantía iban a quedar fuera muchísimas reclamaciones en materia de seguros. En Ciudadanos planteamos la posibilidad de establecer distintos umbrales para cada mercado, por ejemplo, cuantía de 6.000 euros para el bancario, 20.000 para el de seguros, 50.000 para las reclamaciones colectivas, etc.
Finalmente, se trataron otras cuestiones ajenas al contenido estricto de esta Ley, como la propuesta del PNV para ampliar los plazos de convenios de auditoría de la Ley de Contratos a las pequeñas empresas (que apoyamos); que las subvenciones de la Ley Crea y Crece puedan otorgarse a empresas en morosidad, defendido por Ciudadanos en aquella; o la ampliación del plazo de duración de los procedimientos de la Ley de supervisión de las entidades financieras de 6 meses a un año.
Creo sinceramente que una democracia madura y avanzada debería poner cuidado en procedimientos legislativos rigurosos donde las fuerzas políticas tuvieran la oportunidad de mejorar las normas, superando la prepotencia que en tantas ocasiones vemos en el Gobierno cuando se ampara en su mayoría parlamentaria para pasar el rodillo. Conductas como el abuso de los RDLs (con el récord histórico de esta legislatura), la inadmisión de comparecientes expertos propuestos por los grupos, la ampliación sine die de los plazos de enmiendas parciales para no tramitar las leyes, la inclusión de materias nuevas a través de enmiendas parciales de los grupos gubernamentales cuando deberían dar lugar a proposiciones independientes (por ejemplo, respecto al Impuesto a las Grandes Fortunas o al delito de malversación). Flaco favor le hacen estas prácticas a la salud e higiene de nuestra democracia.
SOBRE LA FIRMA: Edmundo Bal Francés (Huelva, 1967), es diputado por Madrid y portavoz adjunto del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en el Congreso.