El Congreso ha tomado en consideración la Proposición de Ley Orgánica de garantía del plurilingüismo y de los derechos lingüísticos de la ciudadanía ante las instituciones del Estado promovida por ERC, Eh Bildu, PNV, Sumar, BNG y Compromís. La medida avanza en su tramitación parlamentaria gracias a los «síes» de PSOE, Junts, Podemos y Coalición Canarias (CC) que se han sumado a los de los grupos proponentes.
Entre otras, la medida persigue que los documentos redactados en catalán, euskera, gallego o valenciano tengan validez oficial en toda España ante la Administración, sin requerir traducción al castellano.
Todos los firmantes han coincidido en que la iniciativa tiene el propósito de compensar y corregir lo que consideran «el desequilibrio y error histórico» de haber situado al castellano, según su criterio, «en una situación de privilegio» en el funcionamiento real de las instituciones del Estado.
Con la AGE hemos topado
La propuesta tiene como objetivo principal garantizar que cualquier ciudadano pueda ejercer su derecho a relacionarse con los órganos del Poder Judicial, las instituciones constitucionales y la Administración General del Estado (AGE) en cualquiera de las lenguas oficiales del Estado, «con plena validez jurídica». Para ello, contempla obligaciones precisas de capacitación lingüística en los ámbitos de justicia, función pública y contratación, además de mecanismos para asegurar el respeto al derecho de opción lingüística.
Entre los pilares de la reforma se incluyen medidas relevantes en la Administración de Justicia, como la exigencia de acreditar conocimiento de la lengua propia para optar a plazas en comunidades con lengua cooficial distinta del castellano, o la validez plena de documentos judiciales sin traducción. También se prevé la adaptación total de los procedimientos administrativos y de las plataformas digitales a todas las lenguas oficiales.
En materia educativa
La iniciativa introduce asimismo criterios lingüísticos transversales en la contratación pública y regula sectores clave como consumo, seguridad, transporte o comunicación audiovisual.
En el ámbito educativo, de culminar su tramitación ley fijaría que la lengua propia de cada comunidad autónoma «será normalmente vehicular», con el fin de asegurar que el alumnado alcance un dominio pleno tanto de dicha lengua como del castellano al finalizar la educación básica.
Declaración de intenciones
La proposición de ley ha sido defendida por Francesc-Marc Álvaro (ERC), que en una clara declaración de intenciones, durante su intervención ha intercalado el catalán, el euskera, el gallego y el castellano. El diputado republicano ha recordado que esta reivindicación formó parte de los compromisos adquiridos por el PSOE al inicio de la XV Legislatura. Álvaro ha precisado que la PL insta a la reforma de hasta 15 normas estatales para «eliminar los desequilibrios provocados por la asimetría del sistema lingüístico español».
Tras la defensa, Vox ha pedido turno en contra y su diputado Jorge Campos Asensí ha denunciado que la propuesta solo buscaba «acabar con el español como lengua oficial y común y pisotear los derechos de los ciudadanos en toda España». Además, ha insistido que el debata iba sobre «lenguas regionales, no nacionales».
Por parte del PP, ha tomado la palabra la vicepresidenta cuarta de la Mesa, Marta González, que ha calificado la iniciativa como “una imposición de la agenda independentista” y ha advertido que de aprobarse podría convertir el castellano en una “lengua secundaria” en algunos territorios.
El PSOE se suma
Durante su intervención, Álvaro ha apelado directamente al PSOE en busca de su voto a favor: “Debemos dejar de cambiar lengua para vivir con libertad, ha llegado la hora de cambiar las leyes y no la lengua”.
Un «sí» que ha confirmado desde la tribuna el diputado socialista Marc Lamuà alegando que “cuidar” las lenguas es “cuidar la democracia” y “garantizar su uso es garantizar derechos fundamentales”.
Junts se adhiere con peros
En el turno de Junts, la diputada Pilar Calvo ha dicho que su partido está de acuerdo con el objetivo de la proposición, que no lleva su firma, pero no con el marco constitucional porque, según ha argumentado, el catalán no necesita que el Estado español le garantice nada, sino que deje de «ahogarlo» y le de soberanía «plena» a Cataluña para regular su uso. Y también se ha dirigido al PSOE para preguntarle si, además de apoyar el texto, va a priorizar su tramitación o lo van a dejar también «colgado».
La iniciativa avanza ahora a su siguiente fase parlamentaria con el anhelo de los grupos de que esta no sea una ‘víctima’ más de las ampliaciones continuas del plazo de enmiendas.