El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, considera al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “colaborador de una trama de corrupción” y sostiene que su permanencia en el Palacio de La Moncloa es “imposible”.
El también portavoz del Ejecutivo madrileño se ha pronunciado así en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, coincidiendo con la jornada en la que el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario y presunto conseguidor, Víctor de Aldama, los tres acusados en el juicio por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas que se está celebrando en el Tribunal Supremo, prestarán declaración por su presunta implicación en la trama.
García Martín ha arremetido contra estos “sórdidos escándalos de corrupción” que están siendo juzgados y que, a su juicio, provocan que el Ejecutivo de Sánchez sea “noticia en todo el mundo”. “La declaración de Aldama apunta a Sánchez, apunta al número 1, al cerebro o al menos colaborador necesario de una trampa de corrupción que ha traído el sanchismo”, ha denunciado, subrayando que todo ello sería solo “la punta del iceberg”.
En su opinión, Sánchez ha transformado a España en una “lastre”, lo que, según ha indicado, hace que la continuidad del jefe del Ejecutivo sea “imposible”, pese a que, a su juicio, una eventual dimisión llegaría “absolutamente tarde”.
Asimismo, el portavoz ha recordado el aniversario del apagón de hace un año que provocó que el país “se fuera a negro” por una política energética “nefasta” ante la que, asegura, siguen “sin explicaciones” y “sin responsabilidad”.
“Por eso, desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid volvemos a pedir la dimisión de la ministra de Transición Ecológica, también de la presidenta de Red Eléctrica y, sobre todo, medidas para que este apagón no vuelva a ocurrir, que se abandone esa política energética sectaria y que se dé continuidad a la energía nuclear”, ha exigido el consejero.
Por último, García Martín ha aludido al accidente de tren en Adamuz y a la “falta de inversión” en las infraestructuras de transporte, que atribuye a un Gobierno que, según sus palabras, se “desentiende” de sus obligaciones constitucionales.