El Govern balear ha dado luz verde este miércoles, en una sesión extraordinaria del Consell de Govern, a un decreto ley con medidas para afrontar las consecuencias del conflicto en Oriente Medio, mediante el cual se movilizarán más de 160 millones de euros para distintos ámbitos económicos, de los que más de 36 millones serán en ayudas directas.
Este paquete se organiza en cinco grandes bloques que combinan apoyo financiero, subvenciones directas y actuaciones de carácter estructural. Además, el Ejecutivo ha reactivado una deducción fiscal destinada a compensar el encarecimiento de las hipotecas variables y ha incorporado una subida salarial del 1,5 por ciento para los empleados públicos.
En primer lugar, según ha detallado en rueda de prensa el portavoz del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, se pondrá en marcha un instrumento de apoyo a la liquidez de empresas y autónomos, con la movilización de 75 millones de euros en líneas de crédito canalizadas a través de la entidad financiera ISBA.
En segundo término, el plan prevé 36,7 millones de euros en ayudas directas dirigidas a los sectores económicos más perjudicados, entre los que figura el sector primario. Asimismo, se reservarán cerca de diez millones de euros para respaldar al sector del transporte.
Junto a ello, se incorporará un paquete de actuaciones orientadas a agilizar la tramitación de las ayudas, así como diversas medidas fiscales, con un impacto estimado de cuatro millones de euros.
Por un lado, se recupera la deducción autonómica en el IRPF para compensar el incremento del coste de las hipotecas a tipo variable, con el objetivo de aliviar la carga financiera de las familias afectadas por la subida de los tipos de interés.
Por otro lado, se establece una bonificación del 50% de las tasas portuarias para empresas de servicios, así como una bonificación del 100% para los pescadores profesionales, inicialmente hasta el 30 de junio, con posibilidad de ampliación hasta el 30 de septiembre.
Finalmente, el quinto bloque prevé una dotación de 45 millones de euros destinada a la revisión de precios en contratos de obra pública y de servicios.
La convalidación del decreto parece prácticamente garantizada después de que el PSIB haya adelantado su respaldo al entender que incorpora, en esencia, las propuestas que ellos mismos habían defendido. Además, los socialistas han valorado de forma positiva la actualización de las retribuciones de los funcionarios públicos.