El Gobierno de las Islas Baleares ha alcanzado un acuerdo con el Gobierno central para expandir las capacidades de generación y consumo de energía renovable, además de iniciar proyectos para instalar infraestructuras de cable entre Mallorca y la península, y entre Mallorca y Menorca.
Este compromiso se ha establecido tras un encuentro entre Alejandro Sáenz de San Pedro, conseller de Empresa, Autónomos y Energía del Gobierno de Baleares, y Joan Groizard, secretario de Estado de Energía, en una serie de reuniones organizadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) con las comunidades autónomas para discutir el punto de partida técnico de la Planificación eléctrica con miras al año 2030.
La reunión tuvo lugar justo antes del inicio de un periodo de audiencia pública, que permitirá a los diversos agentes presentar alegaciones y contribuciones.
Durante la reunión, en la que participaron técnicos del Govern, de la Secretaría de Estado de Energía y del Operador del Sistema, se reconoció la oportunidad que representa este nuevo ciclo de planificación.
ELECTRIFICACIÓN DE LOS PUERTOS DE PALMA, ALCUDIA, IBIZA Y MAÓ
En este contexto, se analizaron los aspectos principales de la propuesta inicial, destacando la importancia de completar la conexión del segundo cable entre la península y Mallorca y el segundo cable entre Mallorca y Menorca, lo que reforzará la seguridad en el suministro y el consumo de electricidad renovable en la región.
Además, la propuesta incluye la electrificación de los puertos de Palma, Alcudia, Ibiza y Maó, permitiendo que los barcos atracados obtengan energía desde tierra y evitar emisiones. También se contempla la integración de energías renovables y el almacenamiento.
Se prevé igualmente un incremento en la capacidad de las infraestructuras para impulsar la actividad industrial y la construcción de nuevas viviendas, contribuyendo a la diversificación de la economía insular.
CONTINUACIÓN DE LA TRAMITACIÓN
La propuesta inicial de Planificación para 2030 se ha diseñado según criterios técnicos y se basa en las contribuciones recibidas durante la fase de propuestas, así como en las prioridades del Gobierno autónomo.
El documento se someterá a consulta pública y en paralelo se tramitará su evaluación ambiental estratégica, también abierta a la participación.
Tras recoger las contribuciones en la fase de consulta pública, se analizará la viabilidad de las propuestas presentadas desde un punto de vista físico, técnico y ambiental, siguiendo los principios de la Planificación.
Los resultados de este análisis técnico serán evaluados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que verificará el cumplimiento de los criterios de sostenibilidad económico-financiera.
Basándose en estas conclusiones, se elaborará el documento consolidado y la declaración ambiental estratégica, que se presentarán en el Congreso de los Diputados antes de su aprobación por parte del Consejo de Ministros.