Días antes del registro de las enmiendas de la Ley de tributación mínima, varios grandes bancos se acercaron al Congreso a mantener reuniones con los grupos parlamentarios. La trasposición era el vehículo para tramitar la reforma fiscal, que se ha quedado en un paquete de medidas tributarias, complementaria a los Presupuestos. Y en el punto de mira estaba la continuidad del impuesto a la banca.
En la banca critican la discriminación que supone el gravamen, más si el sector queda como el único con una figura específica, como pretende Hacienda tras su renuncia al impuesto energético.
«Más que impuestos, son multas a sectores que caen mal. Nos quedamos solos como único sector señalado, discriminado y estigmatizado», lamentan fuentes del sector bancario, que cree que se le etiqueta de «tóxico» al ser objeto de mayor imposición en la reforma como al tabaco y al diésel. «Como si generáramos externalidades negativas», incide esta fuente.
En el sector financiero critican cómo se desarrolla la tramitación de esta norma en la que se pone en juego tanto dinero, y lamentan «la ausencia total de transparencia en la negociación», ni debate o análisis de impacto. «Dos partidos sin mayoría parlamentaria acuerdan un nuevo gravamen, publican un acuerdo de una indefinición absoluta y la mera publicación genera un impacto inmediato y directo».
Esta fuente cita el ejemplo de las socimi (sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria), cuyo régimen fiscal privilegiado PSOE y Sumar han acordado suprimir la semana pasada. Tras conocerse el pacto, la cotización de estas empresas cayó en Bolsa.
A una dinámica parlamentaria que esta fuente califica de «mercado persa», se le une «la falta de garantías y capacidad de interlocución con el Gobierno». Una distancia ante la que, incide esta fuente, «la única respuesta es la amenaza con paralizar futuras inversiones o salir de España, con la esperanza de que algún político vea la posibilidad de obtener rédito electoral y le facilite un trato más favorable».
Por otro lado, en el sector financiero censuran que se incorporen cambios tan relevantes como nuevas figuras tributarias a través de enmiendas a un proyecto en tramitación, pues ello limita el debate público o trámites como la audiencia pública de las partes implicadas o la participación de órganos constitucionales, con la consecuente merma de la seguridad jurídica.
«Si es necesaria una reforma tributaria, que se lleve a cabo de forma respetuosa con los procedimientos legislativos y de forma que todos contribuyamos de manera justa y de acuerdo con nuestra capacidad económica», concluyen.
La ABE anuncia recurso
La presidenta de la Asociación Española de banca (AEB), Alejandra Kindelan, ha anunciado la intención de recurrir el impuesto a las entidades financieras si finalmente sale adelante. La responsable de la patronal bancaria en España advierte de que afectará al crédito y critica que convertir el impuesto en permanente es un «señalamiento injusto» ya que estigmatiza a la banca como «un sector tóxico que tiene externalidades negativas hacia la economía».
En su intervención en el 31 encuentro del sector financiero, Kindelan ha interpelado a los diputados de la Comisión de Hacienda del Congreso para previsiblemente votar la enmienda al texto.
Garamendi se suma a las críticas
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, también se ha opuesto al impuesto a la banca y pide seguridad jurídica y regulatoria «donde sepamos donde nos movemos» y «dónde vamos a jugar el partido» y calidad de la norma, ha manifestado desde el encuentro Madrid Investment Forum 2024.