El alcalde de Alicante, el 'popular' Luis Barcala, ha solicitado “disculpas” a la ciudadanía por el “escándalo” generado en torno a la adjudicación de viviendas de protección pública (VPP) de la promoción Les Naus, levantada sobre suelo municipal en la Playa de San Juan.
“Son unas situaciones que nos tienen que avergonzar”, ha admitido durante un pleno extraordinario y urgente celebrado este jueves en el Ayuntamiento, convocado a petición de toda la oposición, que en bloque ha reclamado su dimisión.
La controversia por las VPP estalló al conocerse que la exconcejal de Urbanismo, Rocío Gómez; los dos hijos de la también dimitida directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, María Pérez-Hickman, y un arquitecto municipal figuran entre los adjudicatarios de estas viviendas protegidas.
Como consecuencia de estos hechos han presentado su renuncia Gómez, Pérez-Hickman y el jefe de Gabinete de la Conselleria de Industria, Miguel Ángel Sánchez, quien ha asegurado no tener vinculación “jurídica, patrimonial ni administrativa” con la promoción, pese a que una de las adjudicatarias es la madre de sus dos hijas.
El regidor, tras detallar el calendario de actuaciones relacionadas con el caso, ha subrayado que la vivienda es el asunto que “más preocupa a las personas” y ha calificado lo sucedido como “un escándalo que abarca al tema de la vivienda” y “con suelo puesto a disposición por parte del ayuntamiento” para que “aquellas personas que tuvieran derecho a acceder a esa vivienda” pudieran hacerlo.
“Si ese principio se ha quebrado, tenemos la responsabilidad de perseguir a quien haya infringido la ley y restablecer lo que tenía que haber sido el objetivo”, ha manifestado Barcala, que ha reiterado que son situaciones “que nos tienen que avergonzar” y ha mostrado su “indignación”, al tiempo que ha pedido “disculpas a todos los alicantinos que se sientan en este momento preocupados” e “inquietos” y “quieran respuestas”.
El alcalde ha admitido que por ahora no puede aclarar todas las incógnitas y ha explicado que por ello se han impulsado “investigaciones internas” y se ha trasladado el expediente a la Fiscalía, al considerar que es quien dispone de “los medios” y “las competencias legales” para profundizar en las pesquisas.
Desde la oposición, la portavoz de Vox, Carmen Robledillo, le ha recriminado que “no ha velado por los intereses de sus conciudadanos”, motivo por el que, a su juicio, “tiene que dimitir”, y ha lamentado “que se hable a nivel nacional de los pisos de Alicante” en lugar de “la corrupción del PSOE”.
Para la portavoz del PSPV, Ana Barceló, el equipo de gobierno se encuentra “bajo sospecha” y ha reclamado la dimisión del primer edil por la “gravedad” de lo ocurrido: “No puede seguir al frente de este ayuntamiento ni un minuto más” porque se trata de “una trama con el epicentro en el Ayuntamiento, que es el que puso las condiciones para la venta del suelo de todos los alicantinos”.
El portavoz de EU-Podem, Manolo Copé, también ha exigido su salida al considerar que ha sido “o cómplice” o “no se ha enterado” del “uso fraudulento” de esas viviendas, mientras que el síndic de Compromís, Rafa Mas, ha cargado contra las “corruptelas” del PP, ha pedido aclarar “si había información privilegiada” y ha reclamado la “expropiación forzosa” de quienes hayan accedido a una vivienda de forma irregular.
En defensa del alcalde ha intervenido la portavoz del grupo 'popular', Mari Carmen de España, quien ha respaldado la gestión de Barcala tras destaparse el caso y ha destacado la “respuesta ejemplar, contundente, rápida y transparente” del regidor “desde el minuto uno” y “sin esconder absolutamente nada”, subrayando que hubo “dos dimisiones producidas en las primeras horas”.
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