El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha descartado renunciar a su cargo de primer edil, pese a que todos los grupos de la oposición en el Ayuntamiento le reclaman que dimita, a raíz de la controversia por las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) en la promoción Les Naus, levantada sobre suelo municipal en la Playa de San Juan. “Yo en lo que estoy es en trabajar por y para Alicante”, ha señalado.
Barcala se ha pronunciado así este miércoles ante los medios de comunicación, después de que PSPV, Compromís, EU-Podem y Vox hayan reclamado que abandone la vara de mando.
La polémica estalló al conocerse que la ya exconcejal de Urbanismo, Rocío Gómez, que familiares de la también dimitida directora general María Pérez-Hickman y un arquitecto municipal figuran entre los adjudicatarios de VPP. Además, Miguel Ángel Sánchez ha renunciado a su puesto de jefe de gabinete de la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, tras trascender que una de las beneficiarias es la madre de sus dos hijas.
Paralelamente, la titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante ha abierto este miércoles diligencias previas para investigar el proceso de adjudicación de las VPP en dicha promoción.
“Yo estoy en ir cumpliendo, poniendo en marcha el presupuesto, poniendo en marcha todos los proyectos que tiene la ciudad de Alicante, que son muy importantes. Esta ciudad tiene que estar moviéndose constantemente y eso es en lo que yo estoy”, ha añadido, remarcando que cuenta con el respaldo del “president” de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. En la misma línea, la portavoz del equipo de gobierno, Cristina Cutanda, subrayó este martes que el PP nacional y autonómico apoyan a Barcala.
Cuestionado sobre cómo afronta la recta final de la legislatura y si teme que Vox retire su apoyo al gobierno del PP en el pleno, después de haber pactado los presupuestos a cambio de varias condiciones, ha respondido que “no” va a entrar en “especulaciones” ni “hipótesis”. “Yo estoy ahora mismo trabajando y poniendo encima de la mesa medidas muy concretas”, ha insistido.
Medidas “contundentes” y código ético
El alcalde ha defendido que está tratando de “solventar los problemas que se plantean” en torno a estos hechos y que de ahí derivan “todas las acciones y todas las medidas” anunciadas o adoptadas “en estas dos últimas semanas”.
En este sentido, ha asegurado que son actuaciones “muy contundentes” para dejar claro que “lo que se haya hecho de forma irregular no va a quedar impune en absoluto”. Ha admitido, además, que esta situación le “preocupa una barbaridad” y le ha “ofendido tremendamente”.
Por ello, ha reiterado que “quien no haya tenido derecho a acceder” a viviendas VPP “no las van a tener” y ha avanzado que activará “absolutamente todos los mecanismos”, “en la medida en la que pueda intervenir” el Ayuntamiento, para evitar que algo similar “no” se repita.
“Y compensar, de alguna forma, lo que se ha defraudado respecto a un tema tan sensible como es el de la vivienda. Creo que lo dije. Caiga quien caiga. Absoluta dureza en las medidas”, ha remarcado.
Asimismo, ha destacado: “Y además, tal y como hice, que desde los juzgados, desde los tribunales, se siga la investigación necesaria, porque no vamos a permitir que ninguna conducta que pueda ser sancionable penalmente quede impune, pero tampoco vamos a permitir que ninguna acción reprobable desde un punto de vista administrativo, o si me apuran desde cualquier otro punto de vista, quede también impune”.
En relación con el anuncio realizado este martes de que el equipo de gobierno limitará a sus concejales, cargos y personal de confianza la participación en procesos para optar a una VPP, en una medida a la que “se dará forma” en los próximos días, ha añadido: “Que los demás hagan lo que crean que deben hacer respecto a sus concejales, respecto a sus asesores y a su personal de confianza. Para lo demás, para eso están los tribunales y para eso están las leyes, para exigir su cumplimiento”.
“Nosotros tenemos un código ético que hemos suscrito todos y yo lo que estoy haciendo es llevar ese código ético un punto más allá”, ha afirmado, para advertir después: “El que crea que no puede cumplirlo o no lo cumpla lo que no puede es seguir siendo ni concejal ni cargo de confianza del PP en el Ayuntamiento de Alicante”.
“Los papeles están muy claros” y comisión no permanente
Barcala ha reiterado que el Ayuntamiento “puso a disposición un suelo” con el objetivo de que se construyeran viviendas protegidas y que “el expediente que tramita el Ayuntamiento de Alicante es la de licitación y puesta a disposición” de ese terreno “en una licitación pública y, posteriormente, la tramitación de la licencia de obras”.
“Lo que es la gestión, en este caso de la cooperativa, es responsabilidad de la gestora de la cooperativa y lo que es la supervisión de los expedientes de quién tiene derecho y si cumple con las condiciones es de la Generalitat. Y los papeles están muy claros y muy distribuidos”, ha concluido.
En el pleno extraordinario y monográfico del pasado jueves, en el que toda la oposición reclamó la dimisión de Barcala, todos los grupos municipales acordaron crear una comisión no permanente para analizar la polémica generada por las VPP.
Sobre este órgano, Barcala ha explicado que este martes el secretario general remitió a todos los grupos el requerimiento para designar a sus vocales y ha precisado que se trata de “una comisión no permanente” y que “no es una comisión de investigación”, ya que el consistorio “no tiene” esa figura.
“Hoy estamos a miércoles y por parte del grupo municipal ‘popular’ ya se ha trasladado a Secretaría quiénes son los miembros designados tanto para la presidencia como para las vocalías”, ha indicado.