El alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), ha realizado un “llamamiento” para que “se modifique la normativa de acceso a viviendas sociales” y se ha mostrado “convencido” de que su propuesta será atendida tanto por “la Generalitat” como por “el Gobierno de España”.
Barcala ha comparecido este viernes ante los medios, sin admitir preguntas, después de la controversia generada por el procedimiento de adjudicación de viviendas de una promoción pública ubicada en la zona de La Condomina, en la Playa de San Juan.
El regidor ha explicado que la concejala de Urbanismo, la popular Rocío Gómez, “adquirió la condición o se incorporó a la cooperativa” de esas viviendas, donde “fue admitida en el año 2018, cinco años antes de entrar en política”. Ha añadido que actuará con “máxima contundencia a la hora de depurar las responsabilidades” si se detectan irregularidades. “Caiga quien caiga, sea lo que sea”, ha subrayado.
En las últimas horas se ha conocido la dimisión de la directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos del Ayuntamiento de Alicante, María Pérez-Hickman, después de que el diario ‘Información’ publicara que entre los adjudicatarios figuran dos hijos y un sobrino de esta alta cargo, además de un arquitecto municipal y la propia edil de Urbanismo.
El alcalde ha insistido en que “no podemos permitir que los procesos para acceder y para obtener una vivienda social no sean transparentes” y ha reiterado la necesidad de “modificar la normativa autonómica al respecto”.
Según Barcala, “la normativa autonómica tiene que garantizar que solo y exclusivamente” las personas “que cumplen los requisitos de vulnerabilidad” puedan optar a este tipo de recursos y, en consecuencia, “acceden a una vivienda social”.
Ha recalcado que “no voy a permitir, bajo ningún concepto, que alguien que no está en situación de vulnerabilidad, alguien que no puede, que no debe acceder a una vivienda social, acceda a ella y deje sin vivienda a alguien que realmente la necesita”.
Ha añadido que su postura no se limita a este caso concreto, sino que se extiende a “todas las viviendas que tanto el Ayuntamiento como la Generalitat como la iniciativa privada promuevan en la ciudad de Alicante”.
“Alarma habitacional” y reclamación a otros municipios
En la misma intervención, Barcala ha lanzado otro “llamamiento” para que “todos los municipios” reclamen “exactamente lo mismo” y ha advertido de que “no” se puede “permitir” que esta herramienta quede “bajo sospecha” en “una situación de alarma habitacional” que, ha remarcado, se vive en la actualidad.
Ha defendido que “esta es una oportunidad magnífica para exigir que todos los requisitos para acceder a una vivienda social, sea de protección oficial, sea de precio asequible o sea del tipo que sea”, se tramiten mediante procedimientos “con la más absoluta transparencia”.
Barcala ha explicado que un caso como este, relativo a vivienda de protección oficial, presenta “dos aspectos”. Por un lado, “el aspecto de la cesión, evidentemente, del suelo municipal que se hizo en su momento en la licitación para la construcción de las viviendas de protección oficial, con toda la tramitación del expediente urbanístico para la construcción de dichas viviendas, en donde el expediente de averiguación de hechos lo que trata de ver es si ha podido haber alguna conducta reprochable”.
El “otro aspecto”, ha continuado, es “la asignación o la adquisición de la condición de beneficiario de esas viviendas, expedientes relativos a las viviendas de protección oficial que corresponden, en este caso, a la Generalitat Valenciana”.
La situación de la edil de Urbanismo
Respecto a la concejala de Urbanismo, el alcalde ha reiterado que Gómez “adquirió la condición o se incorporó a la cooperativa” de las viviendas públicas, donde “fue admitida en el año 2018, cinco años antes de entrar en política”, es decir, “cinco años antes de ser concejala”.
Ha precisado que “la licencia de obras para la construcción de estas viviendas se dio en el año 2022, un año antes de acceder a la política y acceder al puesto de concejala”, y ha destacado: “Hasta donde tenemos conocimiento, no ha intervenido absolutamente en ninguna decisión que haya tenido que ver con este expediente de la vivienda social”.
Pese a ello, ha recordado que ya ha ordenado la apertura de “un expediente informativo” que “está en estos momentos cumplimentándose” y que deberá incluir “precisamente las respuestas a todas las preguntas” que, según afirma, se está planteando.
Ha asegurado igualmente que “a la mayor brevedad posible” los medios de comunicación y “toda la oposición” tendrán acceso “a toda esa información” y “según” se vayan emitiendo “todos los informes parciales que el instructor”, en este caso el secretario general del Ayuntamiento, “ha estado solicitando y que se están en este momento cumplimentando”.
Pleno extraordinario y explicaciones públicas
En cuanto al pleno extraordinario reclamado por la oposición, Barcala ha indicado que este mismo viernes por la mañana “se ha informado para que se retocaran algunos de los extremos, sobre todo, el objeto y el contenido de los puntos” a tratar en la sesión, “para que sean subsanados y concretados”.
Ha señalado que su “intención” es que “ese pleno se celebre con la mayor celeridad y en el menor tiempo posible”. Asimismo, ha dicho estar “con toda certeza” convencido de que “todos” contarán “de la información necesaria del expediente completo y de los informes” de Urbanismo, Patrimonio y Contratación, “más los que el instructor haya estimado conveniente”, para abordar en esa sesión “todos y cada uno de los extremos” que están “preocupando”.
“¿Y por qué la premura? ¿Por qué la urgencia de celebrarlo? Porque a todos nos importa lo mismo”, ha remarcado el alcalde, que ha asegurado comprender “perfectamente” lo que “está solicitando” la oposición “y el por qué lo está solicitando”.
En esta línea, ha apuntado: “Yo tengo el mismo interés que la oposición en celebrar un pleno en el que se den todo tipo de explicaciones, donde probablemente no solo lo que han pedido, sino todo aquello que estimemos conveniente que tenga que ponerse en blanco sobre negro, se ponga ahí”.
Ha concluido que “no voy a permitir, bajo ningún concepto, que pueda ser utilizada una situación como esta para algo tan injusto, tan injusto como que aquellas viviendas que por ser de protección oficial tenían que llegar a las personas que las necesitan se pudieran haber desviado y no haber llegado a aquellos que, cumpliendo con los requisitos, no han podido optar a ellas”.
“Caiga quien caiga” y posible vía judicial
Barcala ha recalcado que “ese no es el objeto de la política social y de la política de vivienda” que se impulsa “desde el PP” en la ciudad de Alicante: “No lo voy a permitir bajo ningún concepto. Repito, caiga quien caiga y sean cuales sean las responsabilidades que se puedan derivar a cualquier nivel”.
En este contexto, ha avanzado que espera que “durante las próximas horas o en los próximos días, no más allá”, se pueda “ir ampliando” e “ir facilitando más información conforme la vaya obteniendo”.
“Ante el más mínimo atisbo de responsabilidad que pueda haber inmediatamente me iré a Fiscalía para que se depuren responsabilidades de todo tipo”, ha reiterado el primer edil, insistiendo en que “tenemos la obligación y la responsabilidad de actuar con total contundencia”.