El alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), ha sostenido que la operación de compra en 2006 de una vivienda de nueva construcción de protección pública (VPP) por parte de su esposa se ajustó plenamente a la normativa vigente y ha asegurado sentirse “víctima de una cacería” en la que “todo vale” para “difamar, ensuciar y emponzoñar” a él y a su entorno familiar. “No todo vale”, ha remarcado.
Barcala ha realizado estas manifestaciones este viernes, en una comparecencia sin turno de preguntas ante los medios, después de que 'elDiario.es' publicara que la mujer del primer edil mantiene en alquiler una VPO que compró en 2006 y en la que nunca ha llegado a residir.
El responsable municipal ha expresado su “profunda indignación” por la controversia generada en torno a las adjudicaciones de VPP en la promoción Les Naus, en la Playa de San Juan, y ha recordado que el Ayuntamiento ya ha asumido “responsabilidades políticas” con la renuncia de la exconcejal de Urbanismo, Rocío Gómez, incluida entre las adjudicatarias, y de la directora general María Pérez-Hickman, con familiares con viviendas en dicha promoción. Estas adjudicaciones están siendo investigadas por la titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante.
En su intervención, también ha respaldado las medidas impulsadas por el equipo de gobierno, como la apertura de un expediente de averiguación de hechos y las inspecciones realizadas por agentes de la Policía Local en Les Naus para comprobar “quiénes viven allí” y “si se cumplen con los requisitos”. Asimismo, ha avanzado que se continuarán tomando “medidas muy contundentes”, que se detallarán próximamente.
Respecto a Les Naus, ha insistido en que el Ayuntamiento se limitó a enajenar la parcela “impulsada por el tripartito de izquierdas” destinada a la construcción de VPP y ha recalcado que ni el consistorio ni la Generalitat intervinieron en las adjudicaciones, responsabilidad que, ha dicho, recayó en la cooperativa promotora.
También ha subrayado la incoación de un expediente a un funcionario de la Conselleria de Vivienda encargado de los visados de VPP, “que fue ascendido por Compromís”, y que, según ha enfatizado, fue “la primera persona que incumplió la normativa”.
“Exclusivamente para alquiler”
En cuanto a la VPP adquirida por su esposa, el alcalde ha explicado que se trata de un piso comprado en 2006 como “vivienda de nueva construcción de protección pública, calificada definitivamente” el 28 de abril de 2005 por la entonces Conselleria de Territori i Habitatge. Ha precisado que en esa calificación se incluyen 12 viviendas en el edificio que son “exclusivamente para alquiler, no para uso propio de los compradores”.
“Y el promotor puede vender las de alquiler a terceros que asuman ese mismo compromiso, que es lo que se ha hecho en este caso”, ha añadido, subrayando que quien la compra “no” está obligado a habitarla y que “no se le exige más requisito que respetar el régimen de arrendamiento por el plazo previsto y con la renta máxima fijada oficialmente”.
Barcala ha recalcado que “el régimen no es alquiler con opción de compra, como se ha publicado; es vivienda calificada para arrendamiento, y así consta en la calificación definitiva”, y ha precisado a continuación: “La obligación del comprador no es ocuparla. De hecho, no es para uso propio, sino destinarla a arrendamiento dentro de los precios máximos establecidos, tal y como establece la autorización de venta de 24 de mayo de 2006, concedida por la Conselleria de Territori i Habitatge. Y eso es lo que se ha hecho desde el inicio hasta la actualidad”.
Del mismo modo, ha señalado que la compradora conoció la existencia de esa promoción porque el Plan Parcial de Benisaudet --cree que así se denominaba-- fue una actuación en la que el entonces Instituto Valenciano de Vivienda “promovió suelo para varios edificios de viviendas protegidas y fue muy conocido en todo Alicante”.
“Nada que ver con Les Naus”
El regidor ha incidido en que la compra efectuada por su mujer se llevó a cabo bajo un régimen en el que “se ha cumplido escrupulosamente desde el primer minuto toda la normativa” y ha recalcado que “no tiene absolutamente nada que ver con el asunto de Les Naus y las VPP, pero que hace que se traspase una línea” en la que, a su juicio, “la cacería a la persona lo que importa y en ningún caso esclarecer la verdad”.
Ha asegurado, además, que “esto no va a alterar en lo más mínimo” su “decidida actuación en perseguir y en esclarecer los hechos relativos a las viviendas de Les Naus” ni su empeño “en impedir que ninguna de esas viviendas esté en manos de quien no les corresponde porque no cumplan la normativa”.