El alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), ha garantizado que trasladará “directa y personalmente” a la Fiscalía el procedimiento de adjudicación de una promoción de vivienda de protección pública en la Playa de San Juan si detecta “el asomo de la más mínima irregularidad”. “No voy a parar. Voy a ir hasta el final y con todas sus consecuencias”, ha remarcado.
El regidor ha realizado estas manifestaciones al responder a una pregunta 'in voce' en el pleno ordinario de este jueves, después de que el diario 'Información' publicara que la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez; los dos hijos de la directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, María Pérez-Hickman, y un arquitecto municipal de Urbanismo “han adquirido y tienen escrituradas a su nombre cuatro de estas viviendas”.
En este marco, el equipo de gobierno ha difundido una nota de prensa con declaraciones de Barcala en la misma línea que su intervención en el pleno, en respuesta a las preguntas 'in voce' formuladas por PSPV, Vox y Compromís.
“EXPEDIENTE DE AVERIGUACIÓN DE HECHOS”
Barcala ha explicado que este miércoles ordenó “la apertura de un expediente de averiguación de hechos” porque “hay acusaciones que se están vertiendo” que considera “muy graves”, y entiende “imprescindible” aclarar “si todo está solo en lo que se ha dicho o si el tema va más allá”.
El gobierno municipal ha detallado en el comunicado que dicho expediente se ha incoado “en relación con la adjudicación de viviendas de una promoción pública en la zona de La Condomina de la Playa de San Juan que se inició en 2018”.
El alcalde ha subrayado que este asunto le “importa” y “preocupa” especialmente, hasta el punto de designar al secretario general del Ayuntamiento de Alicante como responsable de instruir ese “expediente de averiguación” de hechos.
Según ha indicado, se ha reclamado información a las concejalías de Urbanismo, Patrimonio y Contratación para que detallen la relación de “todo el personal” que ha intervenido en el expediente, “sea cual sea su naturaleza, se trate de personal funcionarial, de personal laboral o de cualquier cargo de cualquier naturaleza que haya podido tener intervención”.
“Y, al departamento de Patrimonio, el listado disponible de los adjudicatarios definitivos de todos y cada uno de los pisos correspondientes a esa promoción”, ha añadido el primer edil, que ha prometido a la oposición ofrecer “información puntual” de “ese expediente de averiguación de hechos y de todos los informes” que “se incorporen”. “No voy a dejar pasar este asunto en absoluto sin exigir hasta la última responsabilidad, sea quien sea y caiga quien caiga”, ha zanjado.
“COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN”
Durante el pleno, la portavoz del PSPV en el Ayuntamiento, Ana Barceló, ha reclamado mediante una pregunta 'in voce' la creación de una comisión de investigación para aclarar si existió “trato de favor” en la adjudicación de estas viviendas, y ha pedido al alcalde que “cese” a la concejala Rocío Gómez, señalada como adjudicataria de uno de los inmuebles según la información publicada.
Barceló ha anunciado que los socialistas acudirán a la Fiscalía para denunciar “el escándalo” que, a su entender, evidencia que Barcala “no” tiene “credibilidad”. “A la Fiscalía irá el Partido Socialista”, ha manifestado.
“¿Estamos hablando de ventajas para quienes tienen información y utilizan su posición también dentro de la institución para obtener beneficios? ¿Estamos hablando de conflicto de intereses? ¿Hay amigos o familiares del PP que han resultado beneficiarios?”, ha cuestionado la portavoz socialista.
Ha proseguido advirtiendo de que “su plan para construir 6.000 viviendas en Alicante está ahora mismo bajo sospecha. Vamos a fiscalizar la cesión de parcelas de suelo municipal a la Generalitat Valenciana a través del Plan Vive del señor Mazón y que ahora ha asumido el señor Pérez Llorca, para que la vivienda pública se adjudique a quien realmente lo necesita y no a quien tenga información privilegiada”.
“Iremos a los tribunales inmediatamente que se conozca si hay más adjudicatarios de vivienda que se saltaron las normas”, ha enfatizado Barceló. Posteriormente, Barcala ha ofrecido su respuesta, a la que se ha remitido también cuando Vox y Compromís han planteado sus respectivas preguntas.
DETERMINAR “RESPONSABILIDADES”
Por su parte, el concejal de Vox Mario Ortolá ha pedido al alcalde que destituya a la directora general María Pérez-Hickman y ha señalado: “Lamentamos este titular, porque pone en entredicho el trabajo de los directores generales y de los dos coordinadores generales, que nos consta, de primera mano, que es bueno y muy útil”.
El edil de Vox ha sostenido que “no” se puede “permitir” que “se genere ningún tipo de dudas” y ha justificado su petición de cese en que se trata de un cargo “de libre designación” y, por tanto, existe “un plus de confianza” en su nombramiento. Ortolá ha reclamado además “que no se nombre a otra persona hasta que queden perfectamente determinadas las responsabilidades que se pudieran derivar de este asunto”.
“CORRUPCIÓN”
Desde Compromís, su portavoz, Rafa Mas, ha acusado al alcalde, tras conocerse la información, de que estos hechos evidencian “la corrupción de su gobierno”. “Ha superado usted al anterior gobierno de Sonia Castedo. ¿Quién se lo iba a decir a usted? ¿Quién se lo iba a decir usted? Otro escándalo más en urbanismo. Usted sabe que existía un informe de Patrimonio paralizando las adjudicaciones definitivas. Usted lo sabía. Que un alto cargo de Patrimonio estaba paralizando las adjudicaciones definitivas”, ha denunciado.
“¿Ustedes creen que una concejala que cobra más de 60.000 euros es beneficiaria de una VPO para ricos?”, ha cuestionado, al tiempo que se ha preguntado si directores generales, “nombrados a dedo” y “con sueldos de 80.000 euros, “merecen que sus familiares tengan VPO”. “Vuelve el PP de la corrupción, de la especulación, los de siempre. Les queda poco tiempo en el gobierno”, ha rematado.
Mas, que igualmente ha exigido la puesta en marcha de una comisión de investigación con representación de todos los grupos municipales, ha avanzado que la coalición ha solicitado a la Generalitat documentación sobre esta promoción de viviendas.
En un escrito registrado por Compromís en Les Corts este jueves 29 de enero a las 11.06 horas, su portavoz adjunta, Aitana Mas, y la diputada Maria José Calabuig piden a la Conselleria de Vivienda, Ocupación, Juventud e Igualdad información detallada sobre dicha promoción.
En concreto, reclaman “relación y copia de todos los expedientes de visado de contratos” tramitados, “así como tramo de ingresos acreditado, número de personas de la unidad convivencial y listado anonimizado de los adjudicatarios”.
También solicitan “copia de las resoluciones de visado emitidas, con testado de datos personales, manteniendo los elementos necesarios para verificar el cumplimiento de requisitos y el precio/renta conforme a la normativa aplicable”.
Asimismo, la coalición requiere a la administración autonómica una “estadística agregada de adjudicación/visados”, con “distribución por tipologías, viviendas accesibles, tramos de ingresos” y “número de renuncias/sustituciones/incidencias”.
PLENO EXTRAORDINARIO
En otro comunicado, Compromís ha adelantado que los tres grupos de izquierdas del Ayuntamiento, PSPV, Compromís y EU-Podem, registrarán “la petición de un pleno extraordinario para que el alcalde dé explicaciones sobre la adjudicación” de estas viviendas.