La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana y dirigente del PSPV en Valencia, Pilar Bernabé, ha tildado de “preocupante” que la Fiscalía haya incoado diligencias de investigación contra la alcaldesa de Valencia, Mª José Catalá, y la presidenta de la Autoridad Portuaria, Mar Chao, por una presunta recolocación “a dedo” de personal público. A su juicio, “vuelve otra vez esta sombra de sospechas y de dudas que recuerdan a los tiempos pasados”.
“Valencia necesita mirar al futuro. Cuanto menos se parezca a la València del pasado, mejor para todos”, ha defendido ante los medios, en referencia a las actuaciones de la Fiscalía dirigidas contra Catalá (PP), Chao, las concejalas del PP Rocío Gil y Paula Llobet y cuatro empleados públicos, por posibles delitos de prevaricación y tráfico de influencias.
El origen del procedimiento se sitúa en la denuncia presentada por el grupo municipal Compromís en el Ayuntamiento de Valencia, relativa a la creación de plazas en distintas entidades municipales para personal procedente del Consorcio Valencia 2007, organismo ya liquidado que gestionaba La Marina y en el que participaban el Gobierno central, la Generalitat y el consistorio.
Bernabé ha destacado que el Ejecutivo central hizo “un grandísimo esfuerzo por condonar la deuda del Consorcio Valencia 2007”, valorada en 400 millones de euros, y ha lamentado que “ahora tengamos que vernos en esta situación”. “Fue el Gobierno de España el que rescató el Consorcio de una situación que venía provocada por la mala gestión, por el mal uso de los fondos públicos”, ha insistido.
En esta línea, ha remarcado que “otra vez vuelve a ser bajo la gestión, la coordinación y el gobierno del Partido Popular cuando vuelven a aparecer estas cuestiones”. “Me duele especialmente cuando costó tanto esa recuperación reputacional”, ha expresado.
Tras reiterar que le resulta “preocupante” la apertura de diligencias que afectan a dos concejalas responsables de “varias áreas del gobierno municipal”, ha subrayado que “hay que respetar los tiempos de la justicia” y ha apuntado que “veremos qué pasa”, a la espera de “ver cómo se desarrolla la investigación”.
Además, ha puesto el foco en un aspecto que considera “relevante”: “había casi 20 trabajadores del Consorcio de los cuales muchos denunciaron que no firmaban y que no iban a entrar a las propuestas que les estaban haciendo desde el Ayuntamiento porque eran conscientes de que no parecía que estuviese del lado de la legalidad”: “Por eso se negaron, y hemos visto hasta altas notariales donde decían con nombres y apellidos que esas plazas se iban a dar a las personas a las que después parece que se adjudicaron”.
“Vuelve otra vez esta sombra de sospechas y de dudas que recuerdan a los tiempos pasados añorados de quienes ustedes saben que tanto añora aquellos tiempos”, ha señalado la secretaria general de los socialistas en la ciudad de València, para quien esta coyuntura “no deja de ser preocupante” y “desde luego, València no se merece”.
En su opinión, la ciudad “tiene unas posibilidades y una gran capacidad de crecer y, además, de hacerlo mirando al futuro”, por lo que considera imprescindible alejarse de prácticas que, según ha dicho, evocan etapas ya superadas.