La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha instado al alcalde de Alicante, Luis Barcala, a que asuma responsabilidades políticas tras la controversia generada por el proceso de adjudicación de una promoción de vivienda de protección pública en la Playa de San Juan. “Es indecente”, ha subrayado, al tiempo que ha defendido que “la Comunitat Valenciana no puede ser un espacio donde el poder sea sinónimo de privilegios”.
Bernabé se ha pronunciado así ante los medios después de la dimisión de la directora general de Contratación Pública y Gestión de Fondos del Ayuntamiento de Alicante, María Pérez-Hickman. La renuncia se produjo tras publicar el diario 'Información' que la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, los dos hijos de Pérez-Hickman y un arquitecto municipal “han adquirido y tienen escrituradas a su nombre cuatro de estas viviendas” adjudicadas en Playa de Sanjuán.
La representante socialista ha considerado que este caso “es una muestra clara de un mal uso y de una apropiación de una ventaja” que la ya exdirectora general “tiene como responsable política”. Ha recalcado que “estamos en tiempos en los que es más importante que nunca hacer y conseguir que la ciudadanía confíe en la política. Y la política está para mejorar la vida de las personas”.
Tras incidir en que el acceso a la vivienda es uno de los principales problemas actuales, ha criticado que se llegue “a pervertir el sistema de esta manera para que al final tus dos hijos y tu sobrino tengan un piso”. “Yo espero, y desde luego no puede ser de otra manera, que el señor Barcala tiene que asumir responsabilidades porque este mensaje no se puede dar”, ha remarcado.
La también líder del PSPV en València ha insistido en que los cargos públicos están “para servir a la ciudadanía, no para aprovecharlo y para tener privilegios, y lo que han hecho en el Ayuntamiento de Alicante es confundir el gobierno y la responsabilidad pública con los privilegios”.
Asimismo, ha afirmado que “últimamente el Partido Popular da mala comunicación con respecto a lo que es el gobierno y lo que son los privilegios”. En este sentido, ha citado a Carlos Mazón, de quien ha dicho que su “principal privilegio” es el estatuto de 'expresident' de la Generalitat, con el que ha denunciado que “está escudado en un aforamiento para no ir a la jueza de Catarroja” que investiga la gestión de la dana.
Críticas a la política de vivienda de Catalá en València
En paralelo, Bernabé ha aprovechado para cargar contra la estrategia de vivienda de la alcaldesa de València, la 'popular' Mª José Catalá. A su juicio, “el plan de vivienda de Catalá es un fraude y una operación de maquillaje, porque la realidad es inapelable y es que la empresa pública Aumsa ha entregado 17 viviendas en tres años según su página web”.
También ha tildado de “extrañas” las baremaciones y nuevas medidas comunicadas por Catalá esta misma semana. La alcaldesa anunció que el Ayuntamiento de València ampliará hasta 45 años el límite de edad para optar al acceso prioritario a un alquiler asequible y fijará un periodo mínimo de siete años de empadronamiento en la ciudad para poder solicitarlo.
“Siete años tienes que estar empadronado en València para poder acceder a esa vivienda. ¡Qué casualidad! Justo hace un mes que ha cumplido María José Catalá los siete años empadronada en la ciudad de Valencia”, ha ironizado Bernabé, cuestionando si “de verdad un valenciano o una valenciana no tiene derecho a una vivienda si no lleva siete años empadronada”.
Para la delegada, son decisiones “sin ningún rigor, sin ninguna sensibilidad y, sobre todo, no para solucionar el problema de la vivienda”. A su entender, “solo genera colapso, el colapso que estamos viendo en el acceso a la vivienda, como el colapso que vemos cada día en el padrón del Ayuntamiento de València”.
Por último, ha reclamado a Catalá que el padrón municipal no se convierta “en un tapón” en la aplicación del proceso de regularización de inmigrantes aprobado esta semana por el Gobierno central.