El pasado 19 de septiembre, la Comisión Europea abrió una consulta pública para recabar información y puntos de vista con el fin de revisar la normativa europea en materia de bienestar animal de los animales de granja.
Este ejercicio será, sin duda, un reto para la propia Comisión Europea y posiblemente un ejemplo de hasta qué punto es posible encajar —desde la legitimidad técnica que se le presume al Ejecutivo comunitario— las posiciones de los distintos Estados miembros, las demandas de productores ganaderos muy diversos, las sensibilidades sociales y los retos del mercado exterior con los objetivos generales de mejora de la regulación y de la competitividad europea, recogidos en los informes Draghi y Letta, así como en las conclusiones del Diálogo Estratégico para el futuro de la agricultura europea.
Ciertamente, la consulta parte ya de un planteamiento normativo predeterminado, recogido tanto en la carta de misión con que von der Leyen ha enfocado el mandato del comisario de Salud y Bienestar Animal, Olivér Várhelyi, como en la Comunicación del pasado mes de febrero “Una visión de la agricultura y la alimentación”.
Desde este punto de vista, parece que la intención regulatoria de la Comisión Europea es clara, pero también es encomiable que se quiera recibir, antes de abordar la decisión, el parecer de todos los implicados. No parece que pueda haber, a diferencia de otras políticas comunitarias, un replanteamiento general o incluso una marcha atrás en la regulación.
No obstante, sería esperanzador que se incorporara a las nuevas propuestas normativas una visión más holística, con un adecuado balance de la autonomía alimentaria, los aspectos técnicos y las prácticas ganaderas.
El sector ganadero ha reprochado en los últimos años a las instituciones europeas, en los distintos ámbitos de regulación que afectan al bienestar animal, que no se hayan tenido en cuenta sus planteamientos, ya que se consideran los principales implicados en el bienestar animal, no solo por motivos de imagen, sino también por eficiencia en la producción.
También es cierto que el propio sector ganadero ha asumido como demanda ciudadana la acreditación del bienestar en las prácticas ganaderas, porque el ciudadano-cliente es cada vez más sensible a estas cuestiones y porque la certificación y el control son requisitos indispensables para una competencia leal, especialmente cuando los productos concurren en el mercado con otros de origen no comunitario.
Desde este punto de vista, la Comisión sí ha incorporado algunas de las demandas del sector a sus principales líneas de acción para la revisión, como la igualdad de condiciones relativas a las importaciones de terceros países. No obstante, otros aspectos de mayor preocupación siguen sobre la mesa.
Con motivo de este artículo, he tenido la curiosidad de repasar transversalmente las aportaciones públicas hechas hasta ahora en la consulta (cerca de 800 comentarios) para constatar que, efectivamente, se trata de un debate con puntos de vista muy distintos, algo que también se ha puesto de manifiesto en la tramitación de las propuestas de Reglamentos sobre bienestar animal.
Sería un error tratar de reducir las respuestas recibidas a un mero análisis estadístico, ya que solo representan a aquellos que, por su sensibilidad con esta cuestión, han querido pronunciarse. Para conocer realmente la preocupación social mayoritaria, sería necesario recurrir a otros instrumentos de análisis.
Aun así, existen muchos matices en las aportaciones que la Comisión Europea debe tener en cuenta si realmente quiere apostar por una mejor regulación.
Como he señalado en la introducción, el ejercicio no será fácil, y habrá que combinar la sensibilidad de una parte importante de la población europea con medidas que incluyan un análisis serio y riguroso de las prácticas ganaderas y de los retos alimentarios que afronta la Unión Europea.
El resultado final que se plasme en la propuesta normativa será clave para que los sectores afectados recuperen la confianza en la legitimidad técnica de la Comisión y puedan afrontar sus decisiones con mayor seguridad jurídica.
SOBRE LA FIRMA:
Aurelio del Pino González es Senior Advisor en Vinces Consulting