El gobierno municipal de Bilbao, formado por PNV y PSE, junto con EH Bildu y Elkarrekin Bilbao, ha rechazado que se haga pública la procedencia geográfica de las personas arrestadas al considerar que “el origen de las personas “no justifica la actividad delictual, no aporta nada” y que asociar “inmigración a delincuente, es un gravísimo error, que lo único que viene es a generar sensación de inseguridad”, tal y como ha subrayado la concejal de Seguridad, Amaia Arregi.
En la sesión plenaria de este jueves se han debatido dos iniciativas sobre la nacionalidad de los detenidos. El PP ha defendido que la Policía Municipal informe del origen de las personas arrestadas, mientras que Elkarrekin ha reclamado expresamente que se evite hacer pública esa procedencia.
El acuerdo final ha sido la aprobación de una enmienda de modificación del equipo de gobierno, respaldada por PNV, PSE y EH Bildu, con la abstención de Elkarrekin Bilbao y el voto en contra del PP, en la que se pide al Ejecutivo local “reforzar la política de seguridad y fortalecer la convivencia, en el marco del pacto por la seguridad y en el ámbito de las competencias municipales, incidiendo en la coordinación con otras instituciones y agentes, incluyendo medidas que sirvan para luchar contra la reincidencia, atendiendo alas características propias de los distintos barrios”.
En su intervención, la portavoz del PP, Esther Martínez, ha recordado que la Ertzaintza ya facilita datos sobre el origen de las personas detenidas en Euskadi y ha defendido que “todos los profesionales del mundo de la seguridad coinciden en que conocer estos datos es bueno para preparar las operativas de la policía”.
Ha explicado que, a su juicio, “se trata de ver el origen, las causas y las razones del incremento, o de la bajada, en su caso, de la delincuencia” y que también responde “a una cuestión de transparencia” porque, según ha dicho, los ciudadanos “tenemos derecho a conocer estos datos”.
En esta línea, ha añadido que “si la Ertzaintza lo está haciendo, lo lógico es que también lo haga nuestra Policía Municipal, para que así podamos ver una estadística común y de conjunto”.
Martínez ha indicado que, de acuerdo con las cifras de la Ertzaintza, “el 64,2% del total de detenidos son personas de origen extranjero, un 67% en cuanto a los delitos contra la libertad sexual y un 60% en cuanto a los delitos de homicidio y sus formas”.
La representante popular ha reprochado que se pretenda “poner sordina” al debate sobre el origen de los arrestados y ha acusado al gobierno local de no tener “ni arrestos ni ni gestión suficiente como para solucionar el problema de seguridad que tenemos en Bilbao”.
Por su parte, la portavoz de Elkarrekin Bilbao, Ana Viñals, ha cuestionado que, “si lo que realmente queremos es mejorar la seguridad ciudadana y la convivencia en nuestra ciudad, de qué sirve conocer públicamente el origen o nacionalidad de un detenido”.
En su opinión, “a nivel policial o de prevención securitaria del delito no sirve de nada, solo sirve para señalar y estigmatizar a pueblos y personas” y, sobre todo, “para que algunos partidos políticos ganen votos apelando a las emociones más viscerales a costa de dañar profundamente nuestra convivencia democrática y nuestra preciada cohesión social”.
Además, ha acusado al PP de ser “cobardes y taimados” porque “justifican su propuesta en un falso interés empírico y estadístico”, cuando “cualquier persona que se toma en serio su trabajo institucional sabe que este tipo de información ya se comparte de manera interna entre todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y de fuera del Estado”.
Viñals ha lamentado igualmente que, con la enmienda, el equipo de gobierno “ha preferido salir por la tangente” y se ha quedado “bastante desconectado de las proposiciones presentadas, poniéndose ligeramente de lado para evitar terrenos conflictivos”.
La portavoz de EH Bildu, María del Río, ha censurado que la propuesta del PP “tiene la osadía de pedir que, en un momento muy anterior a que se haya dictado sentencia, en el que solo ha habido una detención y el principio de presunción de inocencia permanece intacto, se señale de forma expresa el origen geográfico de las personas detenidas por la Policía Municipal”.
Ha recordado que el Ararteko “ya recomendó en 2011 evitar la medida,” y que entidades como SOS Racismo o la sección territorial de Jueces para la Democracia de Euskadi “ya han expresado su frontal rechazo”, subrayando que “la lista de quienes han mostrado sorpresa por el giro dado por el Departamento de Seguridad es larga, incluso dentro del propio Gobierno vasco”.
Posición del gobierno municipal y datos de reincidencia
En nombre del equipo de gobierno, la concejal de Seguridad, Amaia Arregi, ha señalado que en el marco del Pacto de Seguridad esta cuestión no se ha puesto sobre la mesa y que “jamás ha sido solicitada por la ciudadanía asociada, ni a título individual, en ninguno de los talleres de seguridad mensuales, ni en ninguno de los foros abiertos celebrados hasta la fecha”.
Ha detallado que durante 2025 la Policía Municipal de Bilbao ha realizado 2.114 detenciones, que han afectado a 1.525 personas diferentes, lo que, según ha indicado, evidencia que “la reincidencia es un problema en nuestra ciudad”. “Un grupo pequeño de personas son los que se dedican a la actividad delictiva, 275 personas son reincidentes y, entre estas, hay alguna con más de 70 detenciones e imputaciones, tres con más de 30, cuatro con más de 20 y diez con más de 15 durante el año 2025”, ha concretado.
Arregi ha admitido que esta situación “genera en la ciudadanía y también en los propios infractores una sensación de impunidad, de falta de castigo” y ha explicado que, por ese motivo, desde el Ayuntamiento de Bilbao llevan tiempo “trabajando con jueces y fiscales para practicar juicios rápidos, para intentar incrementar los autos de prisión provisional cuando la legislación lo permita, aunque somos conscientes que es una competencia judicial”.
Asimismo, ha puesto en valor el “esfuerzo continuo” de coordinación e intercambio de información con la Ertzaintza. “Nos cruzamos datos semanalmente sobre los hechos más relevantes y detenciones practicadas, y ahí constan los datos de todas las personas que son detenidas, tanto por la Policía Municipal como por la Ertzaintza, y se trabajan a nivel interno y técnico”, ha indicado.
La concejal ha afirmado también que al PP “no le interesa ni la seguridad ni la convivencia”, sino “el follón y el enredar absolutamente todo”, y ha reiterado que la Policía Municipal y la Ertzaintza “comparten y analizan la situación delictiva y las personas detenidas e imputadas, con nombres y apellidos concretos” y que se analizan estos registros “haciendo hincapié en la multireincidencia, que preocupa más que el color, el origen, creencias o condiciones de las personas detenidas”.
Desde el PSE, su portavoz, Nora Abete, ha defendido que “convertir el origen en un elemento destacado de la comunicación institucional es un error en el fondo, porque no explica la delincuencia, no hay ninguna evidencia científica que relacione nacionalidad y delito”.
En esta línea, ha subrayado que “lo que explica la delincuencia son factores como la pobreza, la exclusión o la vulnerabilidad social, no el país de procedencia”.
También ha opinado que es “un error en la forma”, ya que “ofrecer datos descontextualizados, parciales y selectivos no es transparencia” y ha reprochado que “hay grupos políticos que no piden estos datos para mejorar la seguridad, sino para aumentar el miedo, señalar a personas migrantes y construir un falso vínculo entre inmigración y delincuencia”.