Bolaños detalla la Ley de Enjuiciamiento Criminal que prepara el Gobierno

El titular de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes ha adelantado en el Senado que este verano el Ejecutivo aprobará una medida que atribuirá la instrucción penal al Ministerio Fiscal

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, comparece en la Comisión de Justicia, en el Senado, a 23 de mayo de 2025, en Madrid (España). Marta Fernández / Europa Press

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha comparecido ante la Comisión de Justicia de la Cámara Alta para informar sobre los trabajos de su departamento y las iniciativas que espera aprobar durante la legislatura actual. Entre los anuncios más destacados del ministro los nuevos detalles de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que otorgará la instrucción penal al Ministerio Fiscal bajo la supervisión de un Juez de garantías.

De acuerdo con Bolaños, este es un modelo de instrucción que ya se aplica en otros países del territorio europeo. Además, en esta iniciativa se incluirán nuevas herramientas de lucha contra la criminalidad: regulación mediante la investigación de marcadores de ADN, tratamiento automatizado de datos e investigaciones en entornos digitales. De la misma forma, se incorporarán mecanismos alternativos a la acción penal, se busca regular con más detalles la figura de la conformidad y se promoverán soluciones consensuadas «que permitan agilizar la respuesta penal, así como la más pronta reparación de la víctima.

Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal

Otra de las medidas adelantadas por el ministro ha sido la Reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal en la que trabaja el Ejecutivo. Esta reforma formará parte de la Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal a través de una disposición que incluirá la reforma del Estatuto. El ministerio lo que pretende es «fortalecer la autonomía del Fiscal«.

Cuando la normativa entre en vigor, la duración del mandato del Fiscal General del Estado se desvinculará de la duración de los Gobiernos. Bolaños ha explicado que se establecerá un régimen similar al existente en otras administraciones: el mandato será de cinco años sin posibilidad de renovación. Del mismo modo, ninguna causa de cese podrá estar relacionada con la pérdida de confianza del Gobierno de ese momento. Las causas de cese estarán tasadas y solo un incumplimiento grave será considerado motivo de peso para la destitución.

En esta línea, el régimen de comunicaciones entre Fiscalía y Ejecutivo se deberá realizar por escrito, lo que convertirá a estas comunicaciones en públicas y registradas para garantizar la transparencia. Junto con esto, la Fiscalía asumirá dos nuevas competencias. El nombramiento y ascenso de los fiscales, así como el régimen sancionador para quienes incumplan sus obligaciones profesionales pasarán ahora a ser trabajo del Ministerio Fiscal. Con todo esto, el Ministerio también pretende reforzar el papel de la Junta de Fiscales de Sala.

¿Qué más estamos esperando?

Bolaños ha hecho alusión durante su comparecencia a aquellos proyectos que el Ministerio de Justicia espera que entren en vigor en los próximos meses. El ministro ha recordado que su departamento ya ha remitido a la Mesa del Congreso, para que esta inicie su tramitación parlamentaria, la Ley Orgánica para la Ampliación y Fortalecimiento de la Carrera Fiscal y Judicial.

Esta norma se fundamenta en cuatro ejes clave. Se incluirá una reforma en los procedimientos de acceso a la carrera Fiscal y Judicial a través de las, ya anunciadas, becas Seré. Esto estará relacionado directamente con la ampliación de las carreras que el departamento de Bolaños busca. La mejora de las condiciones de trabajo y del desarrollo profesional es otra de las novedades que la normativa quiere introducir en el sistema con una mejora también de la transparencia en las estructuras.

El ministro de Justicia ha explicado que, ante la ausencia de Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno ha tenido que aprobar un Real Decreto por el que se regulaba la concesión directa de subvenciones al Consejo General de la Abogacía Española y al Consejo General de Procuradores de España, con el objetivo de poder tramitar las ayudas durante el presente ejercicio presupuestario.

Asimismo, ha manifestado el compromiso del Ejecutivo de continuar con la agilización de los pagos de la asistencia jurídica gratuita, destacando que dicho compromiso con quienes cuentan con menos recursos es una seña de identidad de un Gobierno como el actual. Así, se ha destacado el incremento de los baremos para retribuir a los abogados del turno de oficio en un 8%.

Ya está en el BOE

Del mismo modo, el ministro ha destacado aquellas reformas que el Gobierno ya ha visto plasmadas en el Boletín Oficial del Estado y que actualmente se encuentran en fase de implementación.

Se ha confirmado que, de acuerdo con la Ley Orgánica del servicio público de justicia que ya está en vigor, los juzgados unipersonales desaparecerán para crear los tribunales de instancia. Se espera que esto reduzca costes en una sexta parte. Según Bolaños «los juzgados hoy existentes se convertirán en 431 tribunales de instancia». Esto irá acompañado de una creación de oficinas judiciales de municipios que contarán con medios telemáticos para la gestión de trámites.

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