La vicepresidenta primera de la Generalitat valenciana y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha defendido que las viviendas de protección pública (VPP) de la promoción Les Naus, en la Playa de San Juan de Alicante, se asignaron siguiendo “las reglas del juego” establecidas por el anterior Consell del Botànic.
Camarero se ha pronunciado así este lunes en València, en declaraciones a los medios tras presentar una nueva campaña sobre el consumo de pornografía entre adolescentes, donde ha reiterado que el procedimiento de adjudicación se enmarca en la etapa del gobierno previo.
La consellera ha recordado que este viernes y el próximo lunes concluyen los plazos para que la cooperativa y los adjudicatarios, respectivamente, remitan la documentación adicional requerida sobre estas VPP. Ha insistido en que la administración autonómica mantiene abierta la investigación sobre el complejo residencial y que sigue recabando datos.
“Estamos todavía esperando que nos remitan esa información”, ha señalado, destacando a continuación: “Había algunas personas que no habían aportado todos los datos necesarios y, a partir de tener el conjunto de los datos, estamos examinando si son correctos o no y toda la conclusión de esa investigación se llevará a Fiscalía”.
La controversia surgió al conocerse que la ya exconcejala de Urbanismo, Rocío Gómez, así como familiares de la también dimitida directora general María Pérez-Hickman y un arquitecto municipal, figuran entre los beneficiarios de estas viviendas. Además, Miguel Ángel Sánchez dejó el cargo de jefe de gabinete de la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio tras hacerse público que una de las adjudicatarias es la madre de sus dos hijas.
Paralelamente, la titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante abrió diligencias previas el pasado miércoles para esclarecer la adjudicación de estos inmuebles, a raíz de la denuncia presentada por el Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias contra nueve personas, entre ellas la edil Gómez, una exdirectora general y varios empleados municipales.
Investigación y controles sobre las VPP
Ante las preguntas de los periodistas, la vicepresidenta primera ha explicado que el viernes pasado la Generalitat solicitó al Ayuntamiento de Alicante el listado de personas empadronadas en dichas viviendas, con el fin de contrastar la información disponible.
Respecto a los tres pisos cuyos adjudicatarios han pedido excepciones por residir en el extranjero, ha indicado que el Consell ha reclamado al consistorio, mediante la Policía Local, que verifique “si viven o no viven” realmente en esos inmuebles.
Camarero ha recalcado que la promoción “nace” y “se desarrolla en tiempos del Botànic” y que “se adjudica con las reglas del juego” del anterior Ejecutivo autonómico. Ha detallado que en 2018 “comienzan estas viviendas y, por lo tanto, que las personas que hoy han comprado” se inscribieron en la cooperativa en 2018 para uno de los bloques y en 2021 para el otro.
Asimismo, ha precisado “que la calificación se pidió en tiempo del Botànic” y que “se concedió con el decreto del Botànic”. En su opinión, “Si algo ha fallado, fueron los controles del Botànic”, ha remarcado la vicepresidenta, que responsabiliza al anterior gobierno de las posibles deficiencias en la supervisión.
Camarero ha reiterado que “La vivienda es la política prioritaria para este Consell” y ha acusado a la izquierda de difundir un relato “manipulado, cargado de bulos y de mala intención”. Ha advertido de que desde el actual Ejecutivo “no” van a “permitir” que este episodio “fastidie” su “política de vivienda”, en la que se enmarca el Plan Vive.
En relación concreta con Les Naus, ha señalado: “En lo que hemos participado es en ese visado de los adjudicatarios, un visado que sabemos que tiene algunas personas que no tendrían que haber sido beneficiarios de las viviendas”.
Según ha defendido, “Si algo ha hecho este gobierno es reforzar los mecanismos de control frente a los mecanismos existentes en el gobierno del Botànic”, y ha puesto en valor el nuevo decreto de VPP aprobado en la actual legislatura, con el que la Generalitat pretende “reforzar” todavía más los “mecanismos de control”.
Ha añadido que “Nosotros hemos ido al registro y estamos comprobando si se han registrado las personas que visaron o que pidieron los visados para hacer toda la comprobación que está en nuestras manos de si quien pidió el visado es quien se ha registrado y si quien se ha registrado es quien vive en las viviendas”.
Camarero carga contra la oposición
En su valoración política, la vicepresidenta ha asegurado que, a su juicio, “esta izquierda, esta oposición en la Comunitat Valenciana”, es “como el perro del hortelano, que ni hacen vivienda ni dejan que los demás” la impulsen: “Están haciendo una causa para ver si dañan a nuestro Plan Vive”.
También ha apuntado que “a lo mejor las explicaciones las tienen que dar” las formaciones de izquierdas, a las que ha cuestionado “por qué permitieron estas viviendas” en 2018 y 2021, “por qué no revisaron o no controlaron quiénes se apuntaban a esa cooperativa” y “por qué todo lo que pasó mientras estuvieron en el Botànic sucedió como sucedió”.