QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El año 2025 se perfila como el más negro del histórico de incendios en España. Ya se han calcinado 382.000 hectáreas, superando con creces el pico de 2022 (306.000 hectáreas). Cada año es el mismo cantar, pero más grave que el anterior. ¿Qué soluciones hay? ¿Qué proponen los partidos políticos para atajar el problema?
Las promesas del Gobierno
Hipotéticos pactos de Estado aparte, las últimas leyes aprobadas por las Cortes Generales fueron la de Bomberos forestales y la de Agentes forestales y medioambientales. La primera es una norma que mejora las condiciones del colectivo y contempla actividades de prevención, detección, vigilancia y labores de información. Las comunidades autónomas disponen de un año para aplicarla, pero no se está haciendo. Por su parte, la segunda define la figura de “agente forestal y medioambiental” así como sus labores específicas.
Más allá de estas herramientas, PSOE y Sumar se comprometieron a aprobar una Estrategia Nacional contra incendios de nueva generación, tal y como firmaron en el acuerdo de Gobierno. Su propósito era intensificar la coordinación con las Comunidades Autónomas en la prevención de incendios forestales y reforzar las competencias del Comité de Lucha contra los Incendios Forestales (CLIF).
Casi dos años después, esta Estrategia no ha visto la luz. Lo que sí se aprobó en Consejo de Ministros el pasado 10 de junio fue un Plan de actuaciones de prevención y lucha contra los incendios forestales para el curso 2025, que involucra a 10 ministerios y comprende medidas de anticipación, despliegue operativo y refuerzo estructural. El Plan de 2025 mantiene el contingente de intervención rápida de la Unidad Militar de Emergencias (UME), compuesto por unos 1.400 efectivos y una flota estatal de 14 aviones apagafuegos, junto a 63 aeronaves coordinadas por el Ministerio de Transición Ecológica. A estos recursos hay que añadir el dispositivo de apoyo a las comunidades autónomas, que incluye a las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF).
Apuesta también por la innovación tecnológica, ya que se incorporan nuevos recursos como drones y sistemas avanzados de monitorización y predicciones diarias de la AEMET sobre riesgo de incendios.
Además, el pacto de Gobierno incluía iniciativas para luchar contra el cambio climático tales como:
- Planes territoriales de conservación y restauración ambiental para territorios y comarcas con alto impacto a causa del cambio climático (Doñana, el Mar Menor, el Delta del Ebro, la Mancha Húmeda o los territorios insulares). Algunas acciones específicas ya se están desplegando.
- Declarar reserva marina la costa colindante con la Sierra de Tramontana.
- Revisar los compromisos climáticos de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética para aumentar su ambición
- Nueva Estrategia de Transición Justa (se preveía para 2024, pero podría llegar en 2025).
- Estrategia de Adaptación al Cambio Climático para incorporar respuestas para el calor extremo y recurrente, con el objetivo de garantizar a cualquier persona la máxima protección ante los episodios climáticos extremos que se están normalizando y proteger a la población más vulnerable. Incluye la adaptación de las condiciones de trabajo.
- Programa Nacional antidesertificación.
- Fomento de agricultura ecológica y regenerativa para evitar la degradación de la tierra, aumentar la biodiversidad, preservar los ecosistemas, mejorar su resiliencia, combatir el cambio climático y mantener e incrementar la producción agrícola.
- Apoyo a la descarbonización de la flota y la transición energética del sector pesquero y acuícola. Hay disponibles líneas, ayudas y convocatorias.
Los incendios, desde la oposición
El Partido Popular, además de un amplio plan hidrográfico y medidas para el cambio climático, incorporó una mención específica a los “incendios” en su programa electoral del 23J.
Alberto Núñez Feijóo se comprometió a apoyar la gestión sostenible del territorio y la recuperación de las zonas afectadas por los incendios forestales mediante actuaciones que impulsen la nueva configuración paisajística procurando la implantación de actividad agroganadera sostenible, de una silvicultura preventiva, así como de una diversificación de especies arbóreas.
Para aterrizarlo, el dirigente popular planteaba engrasar la colaboración y el apoyo procedente del ámbito empresarial y aumentar el número de efectivos de la UME especializados en la intervención y control de incendios. En este sentido, cabe recordar que la propia ministra de Defensa, Margarita Robles, explicó que los efectivos de la UME no están preparados para atacar el fuego directamente, sino que su labor concentra más bien esfuerzos logísticos.
Por su parte, Vox únicamente referenció el “cambio climático” en su programa electoral para anticipar la derogación de la Ley de Cambio Climático. Con respecto a la lucha contra los incendios, propusieron un Ejército profesional permanente que diera respuesta ante incendios, así como todo tipo de emergencias, como catástrofes o inundaciones. A su juicio, habría que unificar tanto el régimen del personal como los protocolos de actuación.
Proponen de igual forma tareas de prevención durante la época invernal como el pastoreo de ganadería extensiva, realización de cortafuegos, limpieza de montes, desbroce y recogida de leña y la dotación de material y equipos suficientes a los bomberos y demás servicios de emergencia.
Por último, demandan incrementar las penas a los pirómanos y autores de incendios.
