El vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez, ha detallado la aprobación en Consejo de Gobierno de un documento que incluye un paquete de medidas propias y varias peticiones al Estado para mitigar el efecto de la guerra en Oriente Medio, valorado en 29,8 millones de euros para un periodo inicial de 100 días. De esa cantidad, el Ejecutivo central asumirá 15 millones, mientras que, si el conflicto se prolonga, el coste total de las actuaciones podría alcanzar los 60 millones.
Domínguez ha comparecido en rueda de prensa después de que este lunes el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, pactara con el presidente canario, Fernando Clavijo, que el Gobierno de España aportará a la comunidad autónoma algo más de 15 millones de euros hasta el 30 de junio con este objetivo.
Las medidas incluidas en el documento se trasladarán ahora a un decreto ley autonómico que les dará cobertura jurídica y se complementarán con las reclamaciones planteadas al Ejecutivo central, una vez que el archipiélago quedó excluido de las iniciativas estatales frente a la crisis internacional.
Estas actuaciones estatales se articularon a través del Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, aprobado por el Gobierno de España, cuyas medidas tributarias, centradas en el IVA y el Impuesto sobre hidrocarburos, no son aplicables de forma directa en Canarias por su régimen fiscal propio. Además, este decreto tiene una vigencia inicial de 100 días.
Ante este escenario, el Gobierno autonómico ha diseñado un conjunto de medidas dentro de su ámbito competencial para trasladar a las islas los efectos positivos de ese decreto y paliar el encarecimiento de los combustibles, la energía y los productos esenciales.
Entre las decisiones fiscales adoptadas figura la rebaja del IGIC sobre combustibles del 1% al 0%, con la finalidad de reducir el precio final para los consumidores. El impacto estimado asciende a 14,1 millones de euros anuales y, para 100 días, a 3,9 millones.
Asimismo, se prevé aumentar la devolución del impuesto sobre combustibles a agricultores y transportistas, que pasa del 67% al 99%. El coste de esta modificación se calcula en 19,4 millones de euros al año y 5,3 millones para un periodo de 100 días. También se aplicará el tipo 0% del IGIC a determinados productos básicos de la cesta de la compra que aún tributaban al 3%, como la sal, la mantequilla y el café, con un coste anual de 3,2 millones y de 900.000 euros para esos 100 días.
Otra de las decisiones incluidas es la ampliación del umbral del régimen especial del pequeño empresario (REPEP) hasta los 50.000 euros de facturación anual, con el fin de aliviar cargas fiscales y burocráticas. Esta medida, prevista a partir de julio de 2026, supondrá este año un coste de 12,5 millones de euros.
Además, el Ejecutivo canario pondrá en marcha un sistema de ayudas directas para los sectores agrícola, ganadero, pesquero e industrial, destinado a compensar el sobrecoste energético y de insumos, dotado con 7,2 millones de euros.
Estas cuatro primeras iniciativas deberán aprobarse mediante un decreto-ley autonómico, amparado en la extraordinaria y urgente necesidad derivada de la evolución de la crisis internacional.
Solicitudes al Gobierno central
En cuanto a las peticiones dirigidas al Gobierno de España, el documento plantea la flexibilización de las reglas fiscales para que las comunidades autónomas puedan adoptar medidas excepcionales; la puesta en marcha de una bonificación estatal al precio del combustible; y la reducción de la presión fiscal en el IRPF para compensar la pérdida de poder adquisitivo de los hogares.
El Ejecutivo regional también reclama la actualización de partidas de los Presupuestos Generales del Estado, especialmente en materia de transporte, agua y agricultura; la activación de mecanismos de liquidez y financiación para empresas y autónomos; y la creación de un fondo específico para los sectores productivos más expuestos.
Otra de las demandas es la adaptación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia a las particularidades de Canarias, contemplando la posibilidad de prorrogar plazos de ejecución de proyectos y revisar objetivos afectados por la subida de costes.
El Gobierno canario insiste igualmente en la necesidad de que el Estado adopte medidas estructurales que refuercen la competitividad del Archipiélago, como la reducción de tasas aeroportuarias y portuarias; el impulso a proyectos clave de energías renovables, entre ellos la geotermia y la eólica marina; el aumento de la financiación del Régimen Específico de Abastecimiento (REA); la exclusión de Canarias de determinadas medidas europeas de emisiones (ETS) que encarecen la conectividad; y la elevación del límite de ayudas minimis para las empresas.
Reclamo de una ‘cláusula canaria’
El Gobierno de Canarias ha vuelto a subrayar la conveniencia de incorporar una “cláusula canaria” en cualquier respuesta estatal ante situaciones de crisis, de forma que las políticas públicas puedan adaptarse a las singularidades del Archipiélago.
Por último, el Ejecutivo autonómico ha remarcado que estas medidas no buscan ventajas especiales, sino asegurar la equidad y corregir las desventajas estructurales asociadas a la insularidad, la lejanía y la dependencia energética.