La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, ha urgido a dar cumplimiento al mandato de la Junta de Seguridad de 2019 y de la Comisión de Coordinación de Policía Judicial de 2025, con el fin de reunir a los grupos de trabajo y avanzar en la planificación del traslado de menores sujetos a medidas judiciales.
En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno celebrado este lunes, la titular del departamento explicó que sería necesario constituir un grupo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y otro en la de Las Palmas, para coordinar de forma específica estos servicios.
Barreto subrayó que la Policía Canaria ya viene realizando este tipo de traslados desde hace años y precisó que, solo entre 2024 y 2025, el cuerpo autonómico efectuó más de 300, además de los que se llevaron a cabo durante la legislatura de 2015 a 2019. “Es decir, se llevan haciendo mucho tiempo”, puntualizó, remarcando que hasta ahora esta tarea se ha desempeñado de manera compartida con la Guardia Civil y la Policía Nacional.
En este punto, insistió en que el Ejecutivo regional no ha rechazado en ningún caso asumir estos traslados “en ningún momento”, y aclaró que el debate se centra en la comunicación remitida por la Delegación del Gobierno el pasado 22 de enero, en la que se informaba de que la competencia pasaría a ser exclusiva de la Policía Canaria a partir del 1 de febrero.
Al respecto, la consejera quiso dejar claro que, en la actualidad, el cuerpo policial autonómico todavía no dispone de efectivos suficientes para hacerse cargo en solitario de esta responsabilidad sin el apoyo de los otros cuerpos, si bien matizó que la comunidad autónoma llevará a cabo “más traslados”.
Por este motivo, Barreto insistió en la necesidad de poner en marcha cuanto antes los grupos de trabajo, con el objetivo de consensuar una hoja de ruta, disponer de toda la información de manera directa y permitir que la Policía Canaria pueda organizar sus recursos de forma adecuada.