El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha confirmado que el próximo 10 de abril se celebrará en Tenerife la reunión bilateral con el Estado solicitada en enero, con el fin de avanzar en dos ámbitos competenciales: la cogestión de los aeropuertos y el control tributario de los incentivos del Régimen Económico y Fiscal (REF).
Cabello detalló en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que el Ministerio de Política Territorial ha ratificado la fecha y el lugar del encuentro, subrayando que el propósito del Ejecutivo autonómico es seguir profundizando en el autogobierno de las materias reconocidas en el Estatuto de Autonomía.
El también viceconsejero de Presidencia remarcó que “el objetivo es muy claro. Canarias quiere avanzar en el cumplimiento del Estatuto de Autonomía en dos asuntos que son básicos”, y recordó que, en el ámbito aeroportuario, el Estado ya alcanzó un acuerdo con el País Vasco para impulsar un órgano de gestión compartida en sus tres aeropuertos.
En esta línea, Cabello sostuvo que “si en algún territorio tiene sentido que se pueda participar activamente de la toma de decisiones y de la gestión de los aeropuertos es en Canarias”.
Marco estatutario para la gestión aeroportuaria
El Gobierno de Canarias recordó que el artículo 161 del Estatuto de Autonomía reconoce el derecho de la comunidad a intervenir en la planificación, programación y gestión de los aeropuertos, objetivo que el Ejecutivo pretende materializar participando en la toma de decisiones de Aena o a través de otras fórmulas que puedan plantearse en la negociación.
Dicho precepto establece que “corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias la competencia exclusiva sobre puertos, aeropuertos, helipuertos y demás infraestructuras de transporte que no tengan la calificación de interés general por el Estado y la competencia de ejecución sobre puertos y aeropuertos con calificación de interés general, cuando el Estado no se reserve su gestión directa”.
Cesión del control tributario de los incentivos del REF
En cuanto al control tributario de los incentivos fiscales del REF, el Ejecutivo canario plantea la apertura formal de negociaciones para que esta competencia sea asumida por la comunidad autónoma, amparándose en lo previsto en la disposición adicional segunda del Estatuto de Autonomía.
Esta disposición contempla mecanismos específicos de colaboración, cooperación y, en su caso, gestión consorcial entre la Agencia Tributaria estatal y la Administración tributaria canaria.
La propuesta elaborada por el Comisionado del REF, José Ramón Barrera, sostiene que el control tributario de los incentivos fiscales del Régimen Económico y Fiscal por parte del Gobierno de Canarias “permitiría avanzar hacia un modelo de gestión más próximo y eficiente, amparado por el Estatuto de Autonomía de Canarias, alineado con precedentes ya existentes en el ordenamiento español, y compatible con la unidad del sistema tributario, el respeto al marco constitucional y el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Derecho de la Unión Europea”.
Según la comunidad autónoma, el proceso de traspaso del control tributario de los incentivos del REF “se iniciaría en coherencia con el reconocimiento constitucional y estatutario de la singularidad económica y fiscal del archipiélago, así como con el principio de bilateralidad que ha presidido la configuración y evolución del REF, y con la habilitación expresa contenida en el Estatuto de Autonomía de Canarias para la asunción, mediante acuerdo o convenio con el Estado, de funciones vinculadas a materias de competencia estatal”.
En el marco de esta negociación bilateral, el Ejecutivo autonómico plantea que “se evaluaría de manera conjunta, técnica y jurídicamente ordenada, la atribución -total o parcial- de funciones de naturaleza gestora, interpretativa y de control asociadas a los incentivos fiscales del REF, sin alteración de la titularidad estatal de las potestades normativas ni de las competencias reservadas al Estado en materia de ordenación general del sistema tributario y de control de ayudas de Estado”.
Canarias aspira a asumir el control tributario de los principales instrumentos fiscales del REF: la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC), las deducciones por inversiones en las islas, los incentivos de la Zona Especial Canaria (ZEC) y otros regímenes específicos ligados a sectores estratégicos implantados en el archipiélago.
La competencia se limitaría a las fases de aplicación, seguimiento y comprobación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa vigente, “manteniéndose en todo caso la coherencia con el marco normativo estatal y europeo, y articulándose a través de los instrumentos de colaboración interadministrativa previstos estatutariamente”.
Además, el Ejecutivo regional considera necesario debatir una posible atribución a la comunidad de facultades para emitir criterios interpretativos y contestar consultas tributarias vinculantes sobre la aplicación de los beneficios fiscales del REF, la calificación de inversiones y gastos que puedan acogerse a ellos y la interpretación de los requisitos formales y materiales exigidos.
Por último, la comunidad autónoma plantea al Estado abordar en esta negociación la conveniencia de “reforzar el papel de la Comisión Bilateral Canarias-Estado en materia de Régimen Económico y Fiscal como marco estable para la adopción de criterios interpretativos comunes, la resolución de discrepancias técnicas y la evaluación periódica del funcionamiento del sistema, asegurando una aplicación homogénea, previsible y adaptada a la realidad económica del archipiélago”.