El Parlamento de Cantabria ha dado el visto bueno a la reforma de su ley autonómica que rinde homenaje y reconocimiento a las víctimas del terrorismo, con el objetivo de ampliar los escenarios que permiten acceder a las indemnizaciones y aumentar el número de beneficiarios.
La propuesta legislativa, impulsada por Vox y con el apoyo de PP, PRC, PSOE y el diputado no adscrito Cristóbal Palacio, incluye a los herederos de víctimas fallecidas antes de la entrada en vigor de esta normativa entre los beneficiarios de estas ayudas.
Además, se extiende la cobertura a situaciones de secuestro, extorsión, coacciones o amenazas que obliguen a las víctimas a trasladar su residencia a Cantabria. La norma también establece efectos retroactivos y permite la apertura de un periodo para nuevas solicitudes o la revisión de las ya desestimadas. Se garantiza igualmente la convocatoria de ayudas complementarias de forma permanente.
Se ha modificado el texto para asegurar que la administración regional ofrezca programas de asistencia psicológica «inmediata y permanente», y se ha dispuesto la creación de un espacio para que las asociaciones de víctimas puedan realizar actividades de encuentro y memoria.
La Consejería de Educación, por su parte, desarrollará iniciativas en las escuelas para preservar la memoria de las víctimas, incluyendo la participación de estas en diversas actividades educativas.
La reforma, que se adopta tras detectar «carencias» en la ley original de marzo de 2023, busca reforzar la protección y clarificar dudas interpretativas. Aunque se ha aprobado con un amplio consenso, no han faltado críticas entre los partidos por el modo de tramitación de esta ley.
Tras acusaciones de falta de acción por parte del Gobierno, Vox presentó la reforma que finalmente prosperó. El portavoz del PP, Juan José Alonso, defendió la diligencia de su partido y rechazó las críticas, afirmando que su prioridad son los intereses de las víctimas del terrorismo en Cantabria.