El caso que apunta al ex ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, como epicentro de una presunta trama de corrupción en la que se legisló a cambio de favores de empresas, ha vuelto a poner en el centro del debate la urgencia de regular el lobby en España.
Desde el sector creen que con más normas no se habrían evitado casos como este, pero sí anticipado. Por ello, ante la tramitación del anteproyecto de ley de lobbies, reclaman más ambición con medidas como organismos independientes.
Analizamos esta situación con Carlos Parry, presidente de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI). Con una extensa carrera en el sector de los asuntos públicos, actualmente lidera el área de healthcare en Europa de LLYC. Con anterioridad ha trabajado en la patronal EFPIA o en la farmacéutica AstraZeneca. Previamente a incorporarse al sector de los asuntos públicos, ocupó diversas responsabilidades en el sector público, destacando su paso como asesor en el Parlamento Europeo o en el Ministerio de Sanidad.
¿Existe alguna medida que hubiera evitado lo sucedido en el “caso Montoro”?
Evitado no, anticipado sí. Un registro de transparencia. Si existiera este registro, en el cual supiéramos quién habla con quién y para qué. Hubiéramos podido anticipar cosas.
En el Congreso ya existe la obligatoriedad de notificar estas reuniones y no acaba de cumplirse. ¿Hasta qué punto es factible que las agendas de los representantes se hagan públicas?
Lo que ocurre en la Cámara Baja es a causa de la ausencia de un régimen sancionador. De existir, y si los incumplidores fueran sancionados, tengo seguro que se empezaría a cumplir.
Si tú pones una ley para poner unas reglas de fuego, tienes que establecer unas medidas sancionadoras, de lo contrario siempre va a haber quién se las salte y no pase nada por ello. Hay que actuar más allá de lo que ocurre en el Congreso, donde una vez al año un medio de comunicación publica a que los diputados no hacen pública su agenda.
El juez apunta a que las puertas giratorias en el “caso Montoro” se produjeron desde la cúpula del despacho del exministro hasta el Gobierno.
El problema de las puertas giratorias hay que regularlo hacia un lado y hacia el otro. No puede ser que quien hoy sea el director de una entidad del ámbito financiero, mañana vaya a tener un cargo en el Gobierno que pueda decidir sobre ese ámbito. Es necesario que haya unas reglas claras de conflicto de interés.
Si bien es cierto que este conflicto de interés está regulado, hay que hacerlo muchísimo mejor para evitar que quien hoy está en un lado de la mesa, mañana pueda estar en el otro.
¿Por qué España llega tan tarde a regular el lobby?
Los políticos no tienen interés. Tan sencillo como eso. Si existiera un interés real, ya lo habrían aprobado. Ya estaría en marcha esa regulación y estaríamos en otro escenario. Creen que esto les va a limitar su forma de trabajar actual.
Entonces, mientras ellos sigan sin tener interés, seguirán pasando cosas y se seguirá confundiendo lo que es lobby con lo que no lo es. Mientras no expliquemos bien nuestro trabajo, seguiremos estando en este estado de confusión y alerta permanente ante escándalos que vamos viendo. En el último año llevamos unos cuantos.
Se trata de escándalos en los que ciertas personas que son comisionistas actúan al estilo de los lobistas. Con la regulación de este sector, a un señor que se lleva comisiones por obtener beneficios por su gestión de intereses de empresas ante el Gobierno, no se estaría considerado como lobista. El lobby se dedica a defender un interés legítimo y no a cobrar comisiones por pedir favores.
Quién dialoga con políticos para defender un interés de un particular a cambio de una comisión no es un lobista. El profesional cobra por sus horas trabajadas, pero no una comisión. Es muy diferente.
¿Se acabará aprobando esta regulación en la actual legislatura?
Un acuerdo entre los dos grandes partidos, en la política tan polarizada que vivimos, lo veo complicado. Sí que observamos que hay una mayoría favorable a regular el lobby y la profesión.
El tema se pone de moda cada vez que hay un escándalo. Esto se tendría que hacer sin la necesidad de que ocurriesen estos casos. El verano pasado se incluyó en el catálogo de medidas que presentó el presidente del Gobierno. En su comparecencia ante el Congreso de hace diez días la volvió a incluir en el catálogo de medidas anunciadas.
Así y todo, sigue estando en el cajón de los procedimientos amontonados. En la Cámara Baja, los diputados están priorizando la ley de función pública y han dejado la ley del lobby en el cajón. Pido a los grupos parlamentarios que impulsen ya esta iniciativa.
¿Qué les hace pensar que este sí que va a ser el momento en el que se apruebe la norma?
Ya no caben más esperas. Ya no caben más debates. Ya no caben más escándalos. Lo que cabe es que hagan su trabajo y aprueben esa regulación que nos va a dar tranquilidad y paz a todos los ciudadanos de España. En especial a los profesionales que nos dedicamos a esta profesión de forma transparente.
No hacemos nada más que vehicular las necesidades del sector privado hacia el sector público. Los acompañamos en ese procedimiento, a que participen en procesos de consulta pública, de alegaciones, en el conocimiento de cómo funciona la administración pública, en el proceso de tomar decisiones de un gobierno y los parlamentos.
Queremos que haya unas reglas claras para que todo aquel que quiera hacerse pasar por lobista no pueda hacerlo. Que caiga todo el peso de la ley, tal y cómo se recoge en el Código Penal. Una cosa es pedir una reunión con un político, eso es legal. Lo que no es legítimo ni legal es aprovecharte de tu agenda de amigos para pedir favores y ganar una contrapartida económica por ello. Eso se llama tráfico de influencias.
¿Cómo marcan distancia con los comisionistas?
Lo que sí que es legal es pedir una reunión con una administración pública, con un diputado, con un secretario de Estado o con un ministro para trasladar dudas sobre una problemática. Que el decisor tenga toda la información de las partes afectadas por la decisión que va a tomar. Que la decisión sea informada y buena para todos. El lobista no influye para ganar un beneficio personal.
¿El anteproyecto en tramitación hubiera evitado los casos de corrupción como el de Santos Cerdán o el de Cristóbal Montoro?
La propuesta que hay encima de la mesa está bien, pero tiene áreas de mejora. Por ejemplo, en lo que es quién va a velar por el registro de transparencia y por el cumplimiento de la normativa. El Ejecutivo propone que sea la oficina de conflicto de intereses.
Todos sabemos que esta oficina tiene pocos medios. Aunque el Gobierno diga que les va a dar más, seguirán siendo insuficientes. Además, no será un órgano independiente. Hablamos de que un órgano dependiente será el que decida quién puede hacer la profesión del lobby o no en España. Eso es equivocado.
Sería mucho mejor crear un órgano independiente. Llámese, por ejemplo, Consejo de Transparencia. Un órgano que velaría por el cumplimiento normativo que se establezca en la regulación, así como por el registro de transparencia.
Otra de las áreas de mejora que observamos es aquella en la que el Gobierno recarga toda la responsabilidad sobre los lobistas. La responsabilidad debe ser compartida. Si es solamente el lobista quien informa de sus actividades y no el político, ¿cómo cruzamos los datos para saber que esa información es veraz?
¿Les preocupa que casos como el de Montoro afecten a la percepción del sector en la sociedad?
El término “lobby” nunca ha tenido buena prensa en España, en parte por desconocimiento. Quizá también por culpa nuestra, por no explicar mejor lo que hacemos. Pero necesitamos hacer pedagogía, como ahora contigo, y demostrar que esta profesión aporta valor a la sociedad.