Carolina España, portavoz del Gobierno de Andalucía y titular de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, ha instado a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a renunciar a su cargo en el Gobierno si «no es capaz de defender» la igualdad entre todas las comunidades autónomas, en respuesta a la financiación exclusiva de Cataluña, la cual ha calificado de «atentado».
En una intervención ante la prensa en Málaga, España enfatizó que Montero debería «marcharse» si no se siente competente para garantizar la igualdad entre comunidades, y sugirió que se nombre a otro ministro de Hacienda que «no tenga miedo a defender la igualdad de los españoles, que se está poniendo en entredicho».
«Se están atacando los pilares de nuestra democracia, la unidad de España, la igualdad de los españoles y la solidaridad interterritorial», afirmó España, añadiendo que no solo las comunidades gobernadas por el PP están en desacuerdo con la financiación especial de Cataluña, sino también aquellas lideradas por el PSOE.
Describió el acuerdo financiero exclusivo para Cataluña, pactado entre el Gobierno central y la Generalitat, como una «auténtica barbaridad» y un «misil a la unidad de España y a la igualdad de todos los españoles».
La consejera andaluza también criticó al Gobierno central por «reírse de los españoles» con un «acuerdo bilateral» con Cataluña, que consideró «un pago más al chantaje del separatismo y del independentismo». «Es una compra de votos para que el señor (Salvador) Illa pueda seguir siendo presidente de la Generalitat y para que el señor Sánchez pueda seguir siendo presidente del Gobierno», declaró.
«Una compra de votos con el dinero de todos los españoles se llama corrupción política», señaló España, calificando la situación como un «atentado a la igualdad y un atropello a la solidaridad entre todas las regiones», y advirtió sobre la creación de «ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda».
Finalmente, criticó que se entregue el cien por ciento del IRPF al «independentismo catalán», representando «30.000 millones de euros más, cuando al resto de comunidades autónomas de régimen común solo se nos entrega el 50 por ciento de la recaudación». «Esto es una financiación privilegiada que no tiene cabida ni está contemplada en la Constitución, como sí lo está la financiación singular del País Vasco y de Navarra», concluyó.