El Gobierno de Castilla-La Mancha ha salido en defensa de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, la castellanomanchega Isabel Rodríguez, desligándola de la responsabilidad por la derogación este martes, con los votos de PP, Vox y Junts, del decreto ley que extendía los contratos de alquiler que vencían en 2026 y 2027. El Ejecutivo regional atribuye ese desenlace al "empeño" de Sumar en someter el texto a votación en el Congreso "sabiendo que no iba a salir".
La portavoz del Ejecutivo autonómico, Esther Padilla, ha señalado ante los periodistas que Isabel Rodríguez está haciendo "una buena labor" junto con su equipo y es consciente, "como buena responsable política que es", de que las correlaciones de fuerzas en la Cámara Baja "son las que son".
"Ahora mismo hay una mayoría de derechas que impide que se aprueben determinadas actuaciones", ha recalcado, subrayando que el hecho de que Sumar se "empeñara" en tramitar este decreto en el Congreso "no quiere decir que la ministra de Vivienda, ni mucho menos esté haciendo una mala labor".
"Al contrario, yo creo que está liderando, con todas las dificultades que tiene, la política de vivienda en España. Lo que tiene que saber Sumar es que no tiene mayoría", ha reiterado la portavoz regional.
De este modo, Padilla ha incidido en que ha sucedido "lo que sabíamos que iba a ocurrir" y ha criticado que Sumar optara por llevar el decreto al Congreso con el objetivo, a su juicio, de generar "el conflicto político o coger determinado protagonismo político".