El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina (PSOE), ha afirmado este martes que el esquema de financiación planteado por el Gobierno central constituye “un chantaje de los independentistas catalanes, que lo único que buscan son privilegios”, advirtiendo además de que el principio de ordinalidad que reclama Cataluña es “una línea roja” para el Ejecutivo castellanomanchego.
Ruiz Molina ha realizado estas manifestaciones ante los medios a su llegada al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en Madrid, donde la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tiene previsto exponer a las comunidades autónomas los detalles del nuevo modelo, que incluye medidas como el aumento del porcentaje de cesión del IRPF a los territorios, del 50 % al 55 %, y del IVA, del 50 % al 56,5 %.
El responsable de Hacienda regional, que acude al encuentro con “gran expectación”, ha indicado que espera que el Ministerio de Hacienda facilite por fin los “datos precisos” de la propuesta, información de la que, según ha remarcado, el Gobierno autonómico carece por el momento. En este punto ha reprochado que, hasta ahora, la única documentación con la que cuenta proceda “de los apuntes” tomados durante la rueda de prensa ofrecida por Montero el pasado viernes, en la que dio cuenta del acuerdo, y “del dossier de prensa”.
“Está claro que esos datos sólo los tiene el Estado, los independentistas y parece ser que también el presidente de la Generalitat (Salvador Illa)”, ha añadido Ruiz Molina, cuestionando la falta de transparencia en el reparto de la información.
Exigencia de claridad sobre los recursos para 2027
A continuación, el consejero ha reclamado conocer con detalle de qué forma se va a reforzar la financiación de las comunidades autónomas y qué volumen de recursos tendrán las regiones en 2027, con el fin de determinar si el diseño del sistema “se ha hecho con un criterio racional o con un criterio caprichoso”.
Al mismo tiempo, ha considerado “lógico” que el Gobierno central inste al PP a plantear su propia alternativa de financiación autonómica, aunque ha reconocido que le habría “gustado” que ese debate se hubiera producido también internamente en el PSOE.
Según ha apuntado, la ausencia de una discusión en el seno del partido supone incumplir dos resoluciones aprobadas en el Congreso Federal del PSOE celebrado en Sevilla. Por un lado, ha criticado que la multilateralidad “se haya negociado de manera bilateral” con una formación “que no tiene representación en el Gobierno”, en referencia a ERC; por otro, ha cuestionado la incorporación del principio de ordinalidad “que defendía Cataluña”.
“Que tengamos la ordinalidad significa que aquellas comunidades autónomas que tienen mayor capacidad tributaria tienen derecho a mayor financiación y, por lo tanto, a que sus ciudadanos puedan recibir los servicios públicos en mejores condiciones que los demás. Si esto lo trasladamos a la sociedad, estamos trasladando el mensaje de que quien paga más IRPF porque tiene mayor capacidad económica tiene derecho a ser mejor tratado en relación con los servicios públicos”, ha argumentado el consejero, dejando claro el rechazo de Castilla-La Mancha a este criterio.