El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha dado luz verde este jueves a un conjunto de actuaciones económicas y en materia de energía para amortiguar las consecuencias derivadas de la guerra en Oriente Medio, por un importe de 169,3 millones de euros. A esta cifra se añaden los 117,4 millones de euros que la Comunidad dejará de percibir por el paquete fiscal aprobado por el Gobierno central.
El consejero de Economía y Hacienda en funciones, Carlos Fernández Carriedo, ha concretado que se trata de 28 medidas, de las que 25 son de competencia autonómica, orientadas a respaldar la actividad económica y el empleo, reforzar el transporte público mediante la ampliación de rutas del autobús gratuito Buscyl, apoyar a las familias y avanzar en el ahorro y la eficiencia energética.
En conjunto, las 25 iniciativas de la Junta y las tres rebajas tributarias estatales en el impuesto sobre la electricidad, el IVA y el de hidrocarburos suponen un impacto global para Castilla y León de 286,7 millones de euros.
Fernández Carriedo ha indicado que el plan combina medidas acotadas en el tiempo hasta el 30 de junio, sobre todo las ligadas a la reducción de impuestos, con otras que tienen “vocación de continuidad”. Ha apuntado que el refuerzo de las líneas de transporte Buscyl podría mantenerse si persiste el aumento de usuarios, mientras que el resto de apoyos se revisará según evolucione el conflicto.
Al mismo tiempo, ha remarcado que la Junta ha mantenido un diálogo constante con los sectores industrial, agrario y del transporte para “escuchar sus necesidades” y concentrar los esfuerzos en los ámbitos donde era más necesario actuar ante la coyuntura actual.
En relación con la financiación, Carriedo ha precisado que las medidas cuentan con respaldo pese a tratarse de un gobierno en funciones, gracias a modificaciones presupuestarias y al “bajo nivel” de deuda de Castilla y León, que ha alcanzado “su cifra más baja sobre el PIB de los últimos 11 años”.
Este margen, ha añadido, ha permitido sostener a sectores productivos, autónomos y empresas en un contexto de “incertidumbre”. Ha recalcado, además, que se trata de un “primer paquete” abierto a posibles ampliaciones o refuerzos si la situación internacional lo requiere.
Apoyo a empresas y al sector agrario
En el capítulo de apoyo al tejido empresarial, la Junta destina 113 millones de euros para compensar el encarecimiento de la energía. Entre las medidas se incluye una línea de adaptación a la subida de costes de hasta 750.000 euros y otra para financiar circulante ligado a la internacionalización de pymes de hasta 500.000 euros.
El Ejecutivo autonómico ha habilitado también una línea de financiación de costes energéticos para compañías exportadoras que apuesten por el autoconsumo, y ha dotado con 300.000 euros el Fondo de Internacionalización para impulsar la entrada en capital. Se contempla, además, la ampliación de periodos de carencia en proyectos de reindustrialización y la renegociación de operaciones ya formalizadas.
Para el sector agrario, la Junta incrementa en 6,4 millones de euros el Instrumento Financiero del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027 y eleva del 10 por ciento al 25 por ciento la bonificación para la contratación de seguros agrarios por parte de jóvenes agricultores.
En paralelo, se han consignado siete millones de euros para mejorar la empleabilidad mediante programas de cualificación en servicios estratégicos, refuerzo de la contratación de talento joven e incentivos al empleo por cuenta ajena en actividades especialmente golpeadas por la crisis.
Transporte público, ayudas sociales y eficiencia energética
En materia de transporte, el Gobierno autonómico reserva cinco millones de euros para reforzar las rutas del Buscyl con mayor demanda y compensar el aumento del coste de los carburantes en el transporte regular de viajeros. Fernández Carriedo ha detallado que entre enero y marzo se ha registrado un incremento del 23 por ciento en los usuarios del Buscyl: se ha pasado de 43.500 viajeros diarios en enero a 56.300 en marzo, además de un aumento del 15 por ciento en las solicitudes.
La Junta contempla igualmente un millón de euros para la puesta en marcha de bonos de urgencia social dirigidos a familias vulnerables.
En el ámbito de la eficiencia energética, se movilizan 33,3 millones de euros en ayudas al ahorro para pymes, grandes industrias y edificios del sector terciario. Este bloque incluye el impulso a la producción de biomasa, la construcción sostenible con madera y el desarrollo de nuevas redes de calor, con una bonificación del cien por cien del coste de conexión para comunidades de propietarios.
Además, la Junta destina diez millones de euros a asegurar la prestación de los servicios públicos ante el encarecimiento de bienes y servicios, mediante la aplicación de directrices vinculantes en la contratación administrativa y la petición de reprogramar Fondos Europeos.
Impacto de las rebajas fiscales del Gobierno central
Respecto a las medidas tributarias del Gobierno central, la menor recaudación estimada asciende a 191,2 millones de euros hasta el 30 de junio de 2026. De esa cantidad, la Junta de Castilla y León asume una reducción de ingresos de 117,4 millones de euros, equivalente al 61 por ciento del total de la rebaja fiscal.
El paquete estatal incluye la reducción del tipo del Impuesto Especial sobre la Electricidad del 5,1 por ciento al 0,5 por ciento, con un impacto de 24,1 millones para la Comunidad. También incorpora la rebaja del IVA del 21 por ciento al 10 por ciento en electricidad e hidrocarburos, que supone 52,2 millones menos de recaudación autonómica, y la disminución del Impuesto sobre Hidrocarburos, con un efecto de 41,1 millones de euros.