Castilla y León insta al Gobierno a revisar el cierre de la estación de Navacerrada

La Junta exige al Gobierno que reconsidere el cierre de Navacerrada y defiende la compatibilidad entre sostenibilidad ambiental, empleo y desarrollo económico.

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Personas practicando esquí durante la temporada de esquí en Navacerrada, a 20 de enero de 2026, en Madrid (España). Rafael Bastante - Europa Press

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La Junta de Castilla y León ha reclamado al Gobierno central que reconsidere su decisión sobre el cierre de la estación de esquí de Navacerrada (Segovia), al entender que "no se entiende que sea la única" instalación de España que el Ejecutivo "quiere cerrar". Además, exige explicaciones sobre "si considera que son malas todas las estaciones en el país o sólo las que benefician a la Comunidad de Madrid y a Castilla y León".

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta en funciones, Carlos Fernández Carriedo, ha trasladado esta postura en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Allí ha subrayado que "no se entiende que de todas las estaciones que existen en el país, que son muchas", el Ejecutivo de Pedro Sánchez "se haya fijado exclusivamente en la que beneficia tanto a Madrid como a Castilla y León".

Fernández Carriedo ha reprochado al Gobierno que plantee el cierre de la estación "con el impacto que esto tiene en términos económicos, sociales y de actividad productiva" en la zona. Ha insistido en que "nuestra posición ha sido siempre la misma y la mantenemos, ya que no encontramos ninguna razón para que la estación de esquí de Navacerrada sea la única en toda España que el Gobierno quiere cerrar".

En relación con los aspectos administrativos y legales, el portavoz ha recordado que estos trámites tienen "otros cauces que no son los políticos, del sentido común o la razón". Ha aludido a la existencia de una sentencia del Tribunal Supremo de "obligado cumplimiento que tiene más que ver con la forma que con el fondo" del asunto.

Según ha explicado, la Junta procederá a estudiar en detalle la resolución judicial, ya que se "va a aplicar al ser una resolución judicial", pero ha avanzado que, desde el punto de vista formal, se "van a buscar las vías para alcanzar una solución en el ámbito de las competencias de la Junta".

Sobre el fondo del conflicto, Fernández Carriedo ha defendido que "hay que aprovechar todas las oportunidades del territorio y es plenamente compatible la sostenibilidad ambiental con la existencia de actividades productivas en el territorio y por tanto con la creación de empleo y riqueza". En su opinión, "la naturaleza nunca es un inconveniente para el crecimiento económico, sino una palanca para la creación de oportunidades y riqueza y Castilla y León tiene un patrimonio natural muy consolidado".